El Gobierno español ha respondido con dureza al mensaje que el fundador de Telegram, Pável Dúrov, envió este lunes a todos los usuarios de la aplicación en España, en el que criticaba las medidas anunciadas por el Ejecutivo para limitar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales.
Fuentes de Moncloa acusan a Dúrov de lanzar “mentiras y ataques ilegítimos” contra el Gobierno y advierten de que este episodio “demuestra la urgente necesidad de regular las plataformas digitales”.
"Un tecno-oligarca extranjero no puede inundar nuestros teléfonos"
El Ejecutivo central considera “sin precedentes” que el fundador de una aplicación de mensajería “use su control sin restricciones” para enviar un mensaje masivo con “propaganda política”. “Los españoles no podemos vivir en un mundo en el que tecno-oligarcas extranjeros puedan inundar nuestros teléfonos de propaganda a su antojo solo porque el Gobierno ha anunciado medidas para proteger a los menores”, afirman desde Moncloa.
El Gobierno recuerda que la preocupación por el impacto de las redes sociales no es exclusiva de España. “Según el último Eurobarómetro, el 95% de los españoles están preocupados por la desinformación y los discursos de odio, y el 89% por la falta de transparencia de los algoritmos”, apuntan las mismas fuentes, citando también datos de la UNESCO que avalan la intervención de los gobiernos en este ámbito.
Dúrov, bajo investigación internacional
Moncloa subraya que Telegram y su fundador están bajo el escrutinio de las autoridades en varios países. “Dúrov está siendo investigado por su posible responsabilidad en delitos graves y su plataforma ha incumplido de forma reiterada sus obligaciones de control”, aseguran.
El Ejecutivo sostiene que la aplicación ha sido diseñada con una “arquitectura de mínima moderación” que la ha convertido en un “espacio recurrente para actividades criminales”, incluyendo redes de abuso sexual infantil y tráfico de drogas. “No son episodios aislados —añaden—, sino un patrón documentado en países como Francia, Corea del Sur o España.”
Los bulos
Moncloa desmiente punto por punto las afirmaciones de Dúrov y califica su mensaje como “un reflejo de la forma de operar de los tecno-oligarcas en las redes sociales, lleno de bulos destinados a erosionar la confianza en las instituciones”.
1. Verificación de edad
Dúrov sostiene que las medidas del Gobierno crearán un sistema de rastreo masivo que amenaza el anonimato. Moncloa responde que el objetivo es proteger a los menores, “igual que se limita el acceso al alcohol o a la conducción”.
El Ejecutivo recuerda que la exposición digital excesiva tiene efectos probados sobre la salud mental y el desarrollo emocional, y que las denuncias por abusos sexuales digitales contra menores han crecido un 13% en dos años. “Telegram forma parte del problema —afirman—: su falta de moderación la ha convertido en un canal preferente para la difusión de material de abuso infantil.”
2. Responsabilidad legal de los CEO
El fundador de Telegram advirtió que hacer responsables a los directivos de las plataformas fomentará la “sobrecensura”. Moncloa replica que esta medida se ajusta al Reglamento de Servicios Digitales de la UE, que ya obliga a retirar contenidos ilícitos. “Exponer cuerpos de menores o alentar al genocidio no son manifestaciones de libertad de expresión, son delitos”, recuerdan las fuentes.
3. “Delito de amplificación algorítmica”
Según Dúrov, esta iniciativa permitirá al Estado decidir qué ve cada usuario. El Gobierno niega esa interpretación y explica que busca “evitar la manipulación de los datos de los usuarios y las estrategias algorítmicas que difunden desinformación”. Además, propone mecanismos de supervisión transparentes “abiertos a la judicatura y a la sociedad civil”.
4. La “huella del odio”
El mensaje de Telegram alertaba de que las nuevas medidas permitirán al Gobierno etiquetar críticas como discurso de odio. Moncloa aclara que las legislaciones española y europea ya contemplan estos delitos y que la propuesta pretende “desarrollar la capacidad técnica para detectarlos y combatirlos”.
En 2025 se detectaron casi 900.000 contenidos de odio en redes sociales en España. “Uno de cada cinco menores ha sufrido o presenciado violencia online —añaden—. El objetivo es incentivar a las plataformas a crear entornos más seguros y abiertos.”
“La libertad no puede ser excusa para la impunidad”
El Ejecutivo concluye que las medidas anunciadas no buscan restringir la libertad de expresión, sino “garantizarla en un entorno digital seguro y transparente”.
“La libertad no puede ser la coartada de quienes lucran con la desinformación, el odio o el abuso de menores”, sostienen las fuentes gubernamentales. “Frente a los bulos, seguiremos defendiendo la protección de los ciudadanos y, especialmente, de los menores.”
