La ministra de Sanidad, Mónica García, ha denunciado este martes que la colaboración público-privada se ha convertido en "estructural" y erosiona la capacidad del sistema público, al ganar peso en el Sistema Nacional de Salud (SNS), mientras el gasto público en hospitales privados del SNS aumentó un 84,6% entre 2011 y 2023.
Por ello, ha señalado que el Gobierno pretende derogar la Ley 15/1997, priorizar la gestión pública directa de los servicios sanitarios y limitar la entrada de empresas con ánimo de lucro en la sanidad pública mediante una Ley de Gestión Pública y de Integridad del SNS, que —ha subrayado— no busca eliminar la colaboración, sino frenar los "desmanes".
"El Sistema Nacional de Salud en la última década ha crecido por la vía de los hospitales de gestión privada con financiación pública", ha señalado, recordando que los modelos de concierto difieren entre comunidades autónomas.
La ministra ha presentado este martes en Consejo de Ministros el Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el SNS, un análisis integral sobre la participación privada en la prestación de servicios públicos durante las dos últimas décadas.
El estudio concluye que la colaboración privada ha pasado de ser un "recurso excepcional" a una "práctica estructural", lo que supone desviar una parte creciente del presupuesto público a empresas cuyos intereses responden al beneficio, no al interés general.
Según la ministra, el informe refleja disminución de plantillas, menor acceso para colectivos vulnerables, aumento de infecciones hospitalarias por la privatización de servicios como lavandería y mejor uso de recursos en los sistemas públicos.
El documento también señala riesgos de sobrecostes, escasa trazabilidad en la facturación, atención selectiva por parte del sector privado, fragmentación de la red asistencial, brechas salariales y laborales, y pérdida de capacidad pública de planificación.
García ha recalcado que el SNS ha crecido por la vía de hospitales privados con financiación pública, diferenciando entre sanidad privada y la privada que presta servicio al sistema público. "Es un sistema perfectamente engrasado que necesita connivencia y complicidad", ha afirmado, señalando directamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Ante estos datos, y tras lo ocurrido en el Hospital de Torrejón, la ministra reclama una ley que blinde lo público para que prime la gestión con criterios públicos y nadie anteponga criterios económicos a la salud de la población. "Este informe muestra la realidad; la crisis de Torrejón, las consecuencias; y la futura ley, la solución".
7 HOSPITALES CON EL MODELO DE TORREJÓN
En España existen actualmente 7 hospitales con el mismo modelo que el de Torrejón, un "modelo sustitutorio" que reemplaza a un hospital público en la atención del área sanitaria: cinco en Madrid, uno en Valencia (resto del modelo Alcira en Vinalopó) y uno en Vigo, cuyo contrato —recuerda— el PP modificó al considerarlo menos eficiente.
Según García, este modelo preocupa porque el sistema sanitario, también el privado, descansa en financiación pública. Equipamiento, urgencias, consultas y cirugías tienen una fuerte base pública, mientras que los procedimientos más costosos —neonatos de bajo peso, trasplantes cardíacos, grandes quemados, médula…— se derivan al 100% a la pública, y el 97%-100% del resto de procesos complejos se atienden igualmente en el sistema público.
Aun así, la sanidad pública mantiene la confianza de la ciudadanía: el 70% elige un centro público en patologías complejas, y el 59% la prefiere en atención especializada.
La cobertura de los procesos más costosos —trasplantes, neonatos críticos o técnicas avanzadas como ECMO— es superior al 95% por parte de hospitales del SNS. En 2023, entre el 70% y el 80% de los diagnósticos más frecuentes (traumatismos, infecciones respiratorias, seguimientos de quimioterapia o inmunoterapia) se atendieron en hospitales públicos.
AUMENTO DEL ASEGURAMIENTO PRIVADO
El uso de sanidad privada se concentra en consultas puntuales de especialidades, aunque hay un repunte notable: han aumentado un 121% y la mitad son primeras consultas (frente al 28% en la pública). Los seguros privados han crecido un 90% desde 2018.
En 2024, el 32,6% de la población tenía un seguro privado (frente al 17,2% en 2018). El aumento es especialmente alto en Extremadura (+296,4%), Ceuta (+270,8%), Cantabria (+247,8%) y Comunidad Valenciana (+234,8%). García ha señalado a la Comunidad de Madrid como la región líder en incremento de gestión privada, citando un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid que indica que internalizar estos modelos podría haber supuesto ahorros del 15% al 80%, según los procedimientos.
