El aborto genera incomodidad en un PP sin una doctrina definida

Aunque en Génova apoyaron en un primer momento la iniciativa de Almeida, el disparate era de tal calibre que al primer edil madrileño no lo quedó más remedio que recoger cable. Reconoció que el citado síndrome carecía de toda categoría científica y aclaró que no se iba a obligar a ninguna mujer a recibir “ningún tipo de información” si no lo desea. Sin embargo, el error ya estaba cometido. Y el agazapado PSOE olió la sangre y salió al contraataque para percutir en un punto débil de su máximo rival. Y es que, a diferencia de otras cuestiones candentes como la política migratoria, en la que el PP muestra una postura monolítica y cada vez más escorada a la derecha para arrebatarle a Vox ese caladero de votos, el del aborto es un debate que pone al descubierto las contradicciones de los populares. Hasta el punto de que, a día de hoy, no hay una doctrina definida al respecto, en un empeño en no reabrir viejas fisuras que denoten fragilidad. Algo que el PP no puede permitirse en plena ofensiva por acceder a la Moncloa.

Tras la metedura de pata de Almeida, en Génova se esforzaron por rebajar los decibelios de la polémica, pero no contaban con Isabel Díaz Ayuso. Cuando los dirigentes populares creían tener la situación bajo control, la presidenta de la Comunidad de Madrid lo reventó todo al rebelarse contra la obligación legal de elaborar un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia. En su intervención del jueves en la Asamblea madrileña, adornó además su negativa a la que calificó como “lista negra” con una de sus habituales perlas. “¡Váyanse a otro lado a abortar!”, dijo, en respuesta a la portavoz de Más Madrid. Ayuso se la dejó botando a la izquierda, que redobló sus ataques, y puso de nuevo al aborto en el centro del debate político. Justo lo contrario de lo que quería Alberto Núñez Feijóo, quien se vio obligado a saltar al ruedo para lidiar con el entuerto publicando una carta en la que aseguraba: “Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte a la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes”.

Y es que, precisamente, el aspirante a relevar a Pedro Sánchez en la jefatura del Gobierno es quien se ha encargado de fijar doctrina, o mejor dicho la ausencia de ella, en una materia que le resulta incómoda y le persigue desde sus inicios al frente del PP. No en vano, apenas nueve meses después de hacerse con las riendas del partido, el expresidente de la Xunta de Galicia tuvo que apechugar con la polémica desatada en Castilla y León, donde se anunció que un acuerdo del Gobierno formado por PP y Vox obligaría a las mujeres que decidieran interrumpir su embarazo a escuchar antes el latido fetal. La medida quedó en nada, pero generó fricciones entre ambas formaciones. “En ningún lugar donde gobierne el PP se puede coaccionar a una mujer durante su embarazo y ningún médico, y mucho menos un político, puede interferir”, sentenció entonces con contundencia Feijóo para marcar territorio. Incluso llegó a dar por buena la legislación en vigor y admitió que el aborto “es un derecho que tiene la mujer de acuerdo con la ley de su país”. 

Pero, aunque remarcara que no se trata de un “derecho fundamental”, su discurso no dejaba de chirriar en una formación con sensibilidades bien diferentes. De hecho, pocos días antes de esas palabras de Feijóo, el por entonces portavoz del PP, Borja Sémper, se remitía a lo establecido en el congreso de 2017, cuya ponencia concluía que “el aborto no debe entenderse como un derecho sino como un fracaso de la sociedad”. También viejos halcones populares, como los exministros del Interior Jorge Fernández Díaz o Jaime Mayor Oreja, cargaban con dureza contra el líder orensano por asumir como “correcta” la ley del aborto aprobada por Zapatero en 2010 y recurrida en su momento por el PP de Rajoy al Constitucional, que finalmente la avalaría con un fallo emitido trece años después, en 2023. 

El maremágnum de opiniones que en torno al aborto caracteriza al PP llevó a Feijóo a tomar el camino de en medio y dejar dicha cuestión fuera del debate en el congreso del pasado mes de julio, junto a otras también delicadas como la eutanasia o la gestación subrogada. Se aplazaba así el establecimiento de un criterio de partido respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, un tema cuya trayectoria a lo largo de la historia de la formación se asemeja, adoptando el argot ciclista, al perfil de una etapa rompepiernas. Quizá sin grandes picos, pero sí con continuas subidas y bajadas que representan las oscilaciones entre posiciones más beligerantes y otras más tolerantes. Las primeras se impusieron claramente en los años de la transición y también tras la aprobación de la primera ley regulatoria del aborto, que llegó en 1985 de la mano del primer Gobierno de Felipe González, que contaba con mayoría absoluta. Pese a su férrea oposición, el partido que por entonces aún se llamaba Alianza Popular no pudo hacer nada por evitar que saliera adelante una norma que, aun vista como un importante avance por aquel entonces, solo despenalizaba el aborto en determinados supuestos muy concretos, como cuando el embarazo era consecuencia de una violación, suponía un riesgo para la salud física y psíquica de la madre o cuando hubiera malformación del feto.

Quizás por esa razón, José María Aznar, pese a sus marcadas convicciones antiabortistas, no se planteó en ninguno de sus ocho años en la jefatura del Gobierno -en la segunda legislatura, entre el 2000 y el 2004, dispuso incluso de mayoría absoluta- modificar aquella primera ley de 1985 -la segunda si tenemos en cuenta un brevísimo período en la II República, ya con la Guerra Civil en marcha-. Incluso confesaría años después que la respetó porque era “una norma de consenso” que contemplaba la interrupción voluntaria del embarazo “como un delito, con alguna excepción” y no como un derecho.

No sería hasta el segundo mandato de Zapatero cuando se acometería una revisión de la legislación relativa al aborto. En 2010 se dio un salto cualitativo, al liberalizarse en cualquier caso mientras se practicara en las primeras 14 semanas de embarazo, plazo que se ampliaba a 22 semanas en situaciones de “graves riesgos para la vida o salud de la madre o el feto”. Además, se permitía abortar a las jóvenes de 16 y 17 años sin autorización de sus padres. Aquella apertura movilizó a la derecha más ultramontana en un frente común con el abierto en el ámbito jurídico con el recurso del PP ante el Constitucional.

Dimisión de Ruiz-Gallardón

Sin embargo, no lo logró entonces ni tampoco después de que, a finales del 2011, el Partido Popular recuperase la jefatura del Ejecutivo de la mano de Rajoy. Con el respaldo de una mayoría absoluta en el Congreso y la designación como ministro de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón, un antiabortista impenitente, a quien, en coherencia con lo contemplado en el programa electoral, se le encargó la tarea de deshacer lo andado por el Ejecutivo de Zapatero, el cambio parecía cantado. Pero aquel proyecto de ley iba aún más allá en su carácter restrictivo que aquel de 1985 al que se opuso su padre, José María Ruiz-Gallardón, por entonces diputado de Alianza Popular, al eliminar el supuesto de la malformación del feto como motivo para la interrupción del embarazo. Y la contestación ante tal retroceso no llegó solo desde la izquierda. También resonó en el seno del PP, una formación de amplio espectro que abarcaba y sigue abarcando desde ultracatólicos nostálgicos del franquismo hasta exprogresistas desencantados. En este último bloque se encuadraba Celia Villalobos, militante del PCE en su juventud, que hasta en tres ocasiones rompió la disciplina del voto del Grupo Popular del Congreso al apoyar mociones de la oposición que pedían la retirada del anteproyecto de Gallardón.

La de Villalobos no era la única voz discrepante en el PP con la iniciativa y, en vista de ello, Rajoy optó por aparcarla. Ello provocó la dimisión de Gallardón en 2014 como ministro y el final de su carrera política. Aquel Gobierno solo osó acometer en 2015 un leve retoque de la ley del PSOE para hacer necesario el permiso parental en el caso de las menores de edad de 16 y 17 años que quisieran abortar.

Rechazo del Constitucional al recurso del PP

En 2018 se produce el relevo en la Moncloa y el inicio de la era Sánchez. Y fue su gabinete de coalición con Unidas Podemos, el que, con el apoyo de todos sus socios, da luz verde el 16 de febrero de 2023 en el Congreso a la Ley Orgánica que amplía los derechos de la mujer en el ámbito reproductivo y que recupera para las jóvenes de 16 y 17 años la capacidad de optar por el aborto sin el permiso de los padres. A dicha aprobación se opuso, sin éxito, el PP, que pocos días había visto como se venía abajo la baza a la que se aferraba, la de la resolución del Constitucional sobre la llamada ley de plazos que en 2010 impulsó la ministra socialista de Igualdad Bibiana Aído. Sin embargo, el tribunal declaró constitucional dicha normativa, rechazando el recurso de los populares. Tras esos dos palos seguidos, el PP ha preferido pasar de puntillas por el tema y de ahí su decisión de dejarlo fuera del congreso de hace tres meses, el primero en el que se abordaba el ideario político desde 2017. 

Pero el aborto le ha saltado a la cara de forma inesperada con el patinazo de Martínez Almeida y la inestimable colaboración de Ayuso. La ocasión la pintaban calva para el PSOE, que ha querido retratar la inestable posición del PP con su propuesta de blindar este derecho al incluirlo en la Constitución. Génova ha justificado su negativa argumentando que no se trata de un derecho fundamental y que el acceso al aborto “está perfectamente establecido en nuestras normas”. Así lo expresaba el pasado martes Esther Muñoz, quien defendía que en esta cuestión “la postura del Partido Popular siempre ha sido clara”. Quizás sea mucho decir, a tenor de lo visto. Sí parecía ajustarse más a la realidad la portavoz popular cuando apuntaba: “No vamos a usar este tema para que se deje de hablar de otros”. El PP está a otras historias.