El Tribunal Supremo (TS) empieza el nuevo curso judicial pendiente de si suspende o no de su cargo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de cara al eventual juicio que se celebrará en su contra por la presunta revelación de secretos que habría cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Los magistrados también seguirán adelante con las investigaciones al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor, Koldo García, por el cobro de presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones de obra; y las relativas al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por presunta financiación ilegal de su partido, entre otros delitos.

Asimismo, el tribunal permanecerá con la mirada puesta en el reparto de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias. Y tendrá que pronunciarse sobre el recurso que presentó BBVA contra la condición que impuso el Gobierno para aprobar la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell, por la que se obliga a mantener ambos bancos separados por un periodo de tres años, extensible a cinco.   EL

Juicio al fiscal general

En lo que respecta a la causa abierta al fiscal general, cabe recordar que el instructor, Ángel Hurtado, acordó procesarle junto a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos. La Sala de Apelación confirmó el procesamiento de García Ortiz, pero fijó el archivo para Rodríguez.

Así, está pendiente que el instructor dicte el auto de apertura de juicio oral contra el jefe de la Fiscalía, que se enfrenta a penas de hasta seis años de prisión. Antes de ello, se prevé que las acusaciones de la causa se pronuncien sobre la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de suspender a García Ortiz de forma provisional de sus funciones una vez que se dicte el mencionado auto de apertura de juicio oral.

La APIF, que ejerce como acusación popular, sostiene que "la suspensión es imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso", al considerar que si García Ortiz continuase en el cargo durante el juicio "él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes".

El magistrado ha pedido a las partes que presenten sus alegaciones. Una vez recibidas las respuestas, deberá resolver si accede o no a lo solicitado por la APIF.

De momento, está previsto que el 5 de septiembre García Ortiz acuda al acto de apertura del año judicial, en el que estarán presentes el Rey Felipe VI y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Isabel Perelló, entre otras autoridades.   

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz EP

Los chats con Torres, el correo de Cerdán y su patrimonio

Por su parte, el instructor Leopoldo Puente seguirá adelante --al menos hasta marzo de 2026-- con las pesquisas para esclarecer la presunta participación de Cerdán, Ábalos y Koldo en una supuesta trama de cobro de comisiones a cambio del amaño de contratos de obra pública o de material sanitario.

Cerdán permanece en prisión desde finales de julio por su presunto "papel directivo" en la trama y el riesgo de destrucción de pruebas; mientras que Ábalos y Koldo tienen prohibido salir del país y deben comparecer periódicamente en sede judicial.

El instructor está a la espera de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le entregue varios informes, entre ellos uno que reclamó en febrero sobre los mensajes que pudieran haberse intercambiado el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama; Ábalos; el hijo del exministro; el ministro Ángel Víctor Torres; los subordinados de éste; o Cerdán.

El magistrado también reclamó los mensajes que pudieran haber intercambiado "con cualquier otra persona aforada" en el Supremo, un estatus que la ley otorga a miembros del Gobierno, diputados o senadores.

Cabe recordar que De Aldama se refirió tanto a Cerdán como a Torres, asegurando que Koldo le pidió dinero en metálico para ambos. En el primer caso, como compensación por haberse entrometido en un sistema de "cupos" de adjudicación de obra pública en Euskadi y Navarra; y, en el segundo, a cambio de contratos para la compra de material sanitario durante la pandemia.

Asimismo, se prevé que la UCO presente su informe sobre el contenido del correo corporativo de Cerdán en el PSOE y el de Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Al margen, los agentes deberán entregar un informe sobre las cuentas y productos bancarios en los que Cerdán figura como titular, autorizado o representante --con exclusión de las vinculadas al PSOE o a la Fundación Pablo Iglesias--, así como sobre sus bienes inmuebles y vehículos. También tendrán que aportar informe sobre la información tributaria del que fuera 'número tres' de los socialistas para conocer la evolución de su situación financiera.

De igual forma, está previsto que llegue al TS un informe de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos después de que Hacienda, el PSOE y el Congreso facilitaran información sobre él.   

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo EP

'Alvise' y sus causas

Otros de los casos que tendrá que seguir instruyendo el Supremo en este nuevo curso son los que acumula 'Alvise' Pérez: el relativo a la presunta financiación irregular de su partido; uno sobre la difusión de una PCR falsa del entonces ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; y otro por el presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

'Alvise' ya ha prestado declaración voluntaria en las tres causas, mientras se tramitan los respectivos suplicatorios al Parlamento Europeo para proceder a su imputación formal.

El eurodiputado reconoció haber recibido 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', por la charla que dio sobre "libertad financiera" en el Hipódromo de Madrid en un acto organizado por el empresario.

'Alvise' sostuvo que no gastó ese dinero en la campaña, que, según dijo, le costó poco más de 30.000 euros, por lo que no lo reflejó en las cuentas de SALF. Y precisó que usó la mitad de los 100.000 euros en gastos personales y que el resto sigue a su disposición.

Sobre la PCR de Illa, el eurodiputado manifestó que era "un documento que ya estaba circulando masivamente por todas las redes sociales". E insistió en que "no había ningún elemento de mala fe o de injuria" hacia el actual presidente de la Generalitat catalana.

Respecto al presunto acoso a la fiscal Gisbert, lo enmarcó en la "crítica política" y en la "libertad de expresión". Y aseguró que no tenía conocimiento del hostigamiento a la fiscal que provocaron sus publicaciones.   

A la izquierda, el eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta, Luis 'Alvise' Pérez. EP

Seguimiento el reparto de menores migrantes

En este nuevo curso judicial, también se prevé que el TS siga pendiente del reparto de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo en Canarias.

El 24 de julio, el tribunal declaró la "plena vigencia y exigibilidad" de las medidas cautelares impuestas al Gobierno central, incluida la obligación de dotar de medios personales y materiales a las oficinas administrativas encargadas de la tramitación de las solicitudes de asilo, y la obligación de dar "cuenta detallada" de todo ello cada 15 días "hasta su completo cumplimiento".

Al margen, varias comunidades autónomas lideradas por el PP han anunciado que recurrirán al TS el Real Decreto, aprobado el 26 de agosto, por el que el Gobierno regula el reparto de dichos menores y detalla la capacidad ordinaria de acogida de cada una de las comunidades autónomas, es decir, el número de menores migrantes no acompañados que pueden acoger.