El Tribunal de Cuentas recomienda que el Gobierno español valore la extensión del régimen normativo aplicable a los nacionales de la Unión Europea a los solicitantes extracomunitarios, de manera que no se les exija la previa homologación de títulos universitarios siempre que exista una experiencia profesional formalmente reconocida de entre cinco y quince años en su país de origen.
El Tribunal de Cuentas ha examinado la homologación de títulos universitarios extranjeros y ha instado al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a realizar un esfuerzo "muy decidido" para eliminar en un plazo razonable "el gran número de expedientes acumulados", incrementando sensiblemente el número anual de resoluciones frente al de entradas, mediante la corrección de deficiencias estructurales del procedimiento y el empleo de los recursos necesarios.
El organismo ha aprobado el Informe de fiscalización ‘¿Es eficaz y transparente el procedimiento de homologación de las enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros?’, en el que se analizan las medidas adoptadas por el Ministerio.
Agilidad y transparencia
El objetivo es dotar al procedimiento de la necesaria agilidad y transparencia en su tramitación, así como mejorar la gestión económica derivada de las tasas asociadas a la homologación.
El informe concluye que existen deficiencias estructurales y operativas en el procedimiento, como una regulación "insuficiente" en los sistemas de identificación y firma electrónica, o la falta de aprobación y actualización de la lista de profesiones reguladas.
Destaca también la ausencia de manuales integrales, la insuficiencia de recursos humanos y deficiencias en herramientas informáticas, lo que provoca el incumplimiento del plazo máximo de seis meses para dictar resolución.
Limitaciones relevantes en el control del cobro de tasas
No obstante, el Tribunal de Cuentas ha observado un cambio positivo en el primer semestre de 2025: por primera vez, el número de resoluciones superó al de solicitudes registradas. Sin embargo, a 30 de junio de 2025 existían 80.648 solicitudes pendientes, con unas 30.000 nuevas solicitudes anuales desde 2024, lo que dificulta reducir la acumulación y cumplir los plazos.
También ha detectado limitaciones relevantes en el control del cobro de tasas debido a los aplicativos informáticos, así como la falta de una contabilidad analítica que permita discriminar los costes directos e indirectos del proceso de homologación. El Tribunal vuelve a recomendar que el Gobierno considere extender el régimen de la UE a los extracomunitarios, evitando exigir la homologación previa cuando cuenten con entre 5 y 15 años de experiencia profesional reconocida en su país de origen.
