Antes del paréntesis vacacional, el Ejecutivo de Imanol Pradales ha cerrado el último Consejo de Gobierno con una imagen de concordia y, dicho con toda la cautela posible, con un tímido acercamiento entre PNV y PSE sobre la proposición de ley de los jeltzales para garantizar el conocimiento de euskera en el acceso al empleo público. Los cinco consejeros socialistas decidieron abstenerse en la votación de la toma en consideración de la propuesta del PNV, un trámite que no tiene mayor repercusión práctica porque la última palabra la tiene el Parlamento Vasco, pero sí sirve para tomar la temperatura a las posiciones de los dos socios de gobierno. Y, aunque el PSE sigue sin compartir la proposición de ley tal y como está redactada, se ha inclinado por la abstención en el Consejo de Gobierno para trasladar que no quiere “obstaculizar” este debate. El informe aprobado contiene expresiones que comienzan a abonar un terreno argumental en el que ambos partidos pueden estar cómodos: se reconoce una “problemática de inseguridad jurídica” como ha denunciado de manera reiterada el PNV, pero también se asegura que la propuesta jeltzale se presenta como una mejora “puntual” que “permite avanzar sin romper equilibrios sociales ni jurídicos”. Es decir, de manera indirecta se pone en valor el trabajo realizado durante décadas y, además, el informe es negativo sobre la propuesta de EH Bildu, que pretendía dar la vuelta como un calcetín al modelo vigente y exigir de manera generalizada el conocimiento de euskera para establecer a partir de ahí excepciones tasadas. El vicelehendakari segundo, el socialista Mikel Torres, había deslizado sin mayores detalles que llevaban días trabajando en este documento y espera que se siga este mismo camino en la tramitación parlamentaria.

El Gobierno ha enviado al Parlamento los dos informes sobre las propuestas de reforma de la Ley de Empleo Público, informes que se basan en los criterios expuestos por los servicios jurídicos de Lakua y los validan. Estos informes recogen que la iniciativa del PNV plantea “cambiar la operativa del llamado índice de obligado cumplimiento” de las plazas en euskera. Hasta ahora, este índice se ha aplicado de manera general, y lo que quiere hacer el PNV es dar autonomía a cada institución para que apruebe el suyo. “La iniciativa traslada la decisión a cada institución, que definirá su propio porcentaje de plazas con perfil lingüístico preceptivo, atendiendo a la situación sociolingüística y atendiendo a criterios de proporcionalidad”, resume el documento. ¿Y qué virtud tiene este modelo? Según el informe, “la iniciativa mantiene el modelo actual basado en perfiles lingüísticos y fechas de preceptividad”, solo añade una modificación “puntual y técnica” con un nuevo apartado 11 en el artículo 187, y “garantiza el uso de la lengua oficial escogida por cada persona” en su relación con la administración.

Esta reforma pretende poner remedio a las sentencias que han tumbado los requisitos de conocimiento de euskera en determinados puestos de trabajo de los servicios públicos. Existe una presión y un corsé sobre los municipios más euskaldunizados, que necesitan esas plazas y que se han topado con algunas sentencias que interpretan el índice general como un tope máximo y no como un mínimo. El PNV cree que estos impedimentos se pueden resolver aprobando índices particulares y adaptados a cada realidad, sin perder la proporcionalidad ni plantear una exigencia generalizada en toda la comunidad autónoma como dice EH Bildu. La primera reacción del PSE a la propuesta del PNV fue el rechazo, porque cree que pretende eliminar los índices obligatorios y romper 40 años de consensos por hacer seguidismo de EH Bildu, pero este informe asegura que, con la propuesta del PNV, los índices no desaparecen, sino que se “cambia” su “operativa” para dar autonomía a cada institución y que fije los suyos. Y el informe también valora que se mantiene el modelo basado en perfiles y fechas de preceptividad. 

"Se ajusta a la doctrina constitucional y del TSJPV"

El PSE ha negado que exista una ofensiva judicial, pero tampoco está cómodo reflejando una posición inmovilista. ¿Qué dice el informe en este contexto? Cree que la iniciativa del PNV “pone de manifiesto la problemática de inseguridad jurídica” y, al mismo tiempo, “se ajusta a la doctrina constitucional y del TSJPV” (el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco), y refuerza “la proporcionalidad, si bien cada organización será en la ejecución responsable de sus políticas”. “Por todo ello, la iniciativa que consideramos favorable ha de ser aquella que sirva para llevar la problemática actual al Parlamento y que mantenga el consenso político de la legislación básica sobre el uso del euskera que fue apoyada por todas las opciones políticas presentes en la pluralidad de esta sociedad. Se presenta pues como mejora técnica puntual que permite avanzar sin romper equilibrios sociales ni jurídicos”, resume. Este informe considera que la iniciativa permite “un debate que calme la situación y que no tienda a reinterpretar constantemente lo que ya es un paso consolidado”.

El PNV intentó registrar esta iniciativa de manera conjunta con el PSE, pero no fue posible. El partido jeltzale tomó la decisión de dar un paso al frente para solucionar este contencioso, y ahora queda por delante el otoño para seguir intentando seducir al PSE en la tramitación parlamentaria.

Sobre EH Bildu: "pérdida radical de la proporcionalidad"

El informe sobre la iniciativa de EH Bildu, por su parte, alerta de una “pérdida de seguridad jurídica”, sobre todo, porque elimina el índice general de cuajo y exige por el contrario que se universalice la exigencia de euskera y, a partir de ahí, que se establezcan excepciones para no cumplirlo. Esto plantearía dos problemas. Por un lado, la propuesta “centraliza criterios bajo una lógica única para toda la CAPV” e introduce un marco “que puede ser impugnado por falta de proporcionalidad o por afectar a la igualdad”. “Puestos sin relación directa con el público también quedarían afectados”, sostiene. Y alerta de la “pérdida radical de la proporcionalidad que exige reiteradamente la jurisprudencia”.  

Por otro lado, eliminar el índice general y pedir que se establezcan únicamente excepciones tasadas supone invertir el funcionamiento, e implica lo que en términos jurídicos se conoce como una “vinculación negativa” con la ley. “Pretende invertir el quehacer de la administración”, de modo que, en lugar de tener que definir la planificación temporal de las fechas de preceptividad en la exigencia de euskera, se pasa a “tener que definir las fechas en sentido negativo de su no exigencia”. Y zanja que Bildu incurre en una contradicción al pedir esta reforma con el argumento de que “las normas vigentes son débiles” y, al mismo tiempo, presentar una propuesta que “es en su mayor parte una reproducción o copia literal de la ley vigente”.