El PSE sigue albergando muchas dudas sobre la proposición de ley que ha registrado el PNV en el Parlamento Vasco con el objetivo de proteger el euskera como requisito en las ofertas públicas de empleo, una iniciativa en la que los jeltzales ofrecen como solución a los varapalos judiciales que cada institución fije su propio índice de plazas con perfil lingüístico en función de su realidad social, en lugar de un índice general de obligado cumplimiento. El Gobierno vasco de coalición entre ambos partidos emitió este lunes su criterio favorable a que esta propuesta se tome en consideración en el Parlamento, un trámite que tienen que afrontar todas las proposiciones de ley que se presentan desde los grupos parlamentarios, que expone únicamente criterios “jurídicos” y que no es vinculante para los partidos del hemiciclo. El criterio favorable del Ejecutivo se basa en que la propuesta del PNV es una modificación “muy concreta, puntual y técnica”, no altera los modelos lingüísticos y profundiza en cambio en la autonomía de cada institución. Los cinco consejeros del PSE se abstuvieron, pero lo relevante es que el vicelehendakari segundo, el socialista Mikel Torres, puso en valor que el contenido del pronunciamiento ha sido el fruto de varias jornadas de trabajo entre los dos partidos, que es “un hito importante”, que el PSE se ha inclinado por no “obstaculizar” el debate, y que espera que este “buen camino” se mantenga durante la tramitación parlamentaria.
Aunque el PSE había aclarado semanas atrás que ni siquiera comparte que exista una ofensiva judicial contra el euskera, ahora se abre un pequeño resquicio para que los dos socios puedan reconducir sus diferencias en el Parlamento a partir de septiembre. El criterio favorable lo anunció este lunes la portavoz del Gobierno, la jeltzale Maria Ubarretxena, quien rechazó por el contrario la iniciativa que ha presentado EH Bildu, un movimiento que también puede haber tranquilizado al PSE. El Consejo de Gobierno abordó las propuestas del PNV, por un lado, y de EH Bildu, por otro, para reformar la Ley de Empleo Público. En el caso de la propuesta jeltzale, el criterio fue favorable porque mantiene el esquema actual de modelos lingüísticos y fechas preceptivas, se ha optado por un cambio puntual añadiendo un apartado 11 dentro del artículo 187 para “reforzar la autonomía de cada institución” y, por tanto, deja este asunto “en manos de cada institución, que será la que determine” los perfiles de acuerdo con su realidad lingüística y respetando el principio de proporcionalidad. En cambio, se expresa el criterio contrario a la toma en consideración de la propuesta de EH Bildu, que es “en su mayor parte una copia literal de la ley vigente” y, por otro lado, los cambios que plantea conllevan una “pérdida de seguridad jurídica”, en la medida en que la iniciativa “generaliza el euskera como requisito obligatorio para el acceso al empleo público, salvo excepciones justificadas”. Exigir una justificación para no aplicar el índice “olvida que el principio de legalidad conlleva una vinculación positiva” y, además, conduce a la “pérdida de la proporcionalidad que exige reiteradamente la jurisprudencia”.
Torres ve el diálogo en el "buen camino"
Mikel Torres fue interrogado después por la prensa, y se vio con claridad que el Gobierno quería despedirse sin polémicas hasta el próximo Consejo del 28 de agosto. Torres aclaró que “indudablemente” el PSE no comparte “en absoluto” la propuesta de Bildu. Sobre la del PNV, puso el acento en que han “hablado mucho en las semanas anteriores para llegar a un texto que pueda seguir el trámite parlamentario, no obstaculizar su gestión”, y los cinco consejeros del PSE se han abstenido. Todavía albergan “muchas dudas” y no comparten el texto tal y como lo presentó el PNV, pero hay “bastante tiempo” para llegar a un acuerdo. “Es un hito importante que hayamos trabajado este texto en el Consejo de Gobierno. Vamos en la buena dirección y espero que en el trámite parlamentario podamos seguir en la buena dirección”, concluyó.