El PNV comienza a encarrilar una reivindicación que ha ocupado una posición central en su discurso en los últimos tiempos, con mayor intensidad si cabe en el último año. El Gobierno vasco había alertado de que la industria necesita más enchufes, más capacidad eléctrica, para depender cada vez menos de los combustibles fósiles en sus procesos productivos, avanzar en la electrificación y abordar la transición energética. En ese sentido, el real decreto ley 7/2025 que ha aprobado el Gobierno español tras el apagón y que se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado incorpora algunas de las demandas del PNV, y lo hace en dos tiempos. Por un lado, el decreto recoge la posibilidad de ampliar el número de “posiciones” (enchufes) para conectarse en una subestación a partir del 1 de octubre de 2025 y, en el plazo de un año, para los casos en que las subestaciones no se puedan ampliar, el Gobierno español aprobaría otro decreto para permitir que varias empresas puedan ser alimentadas por un mismo enchufe. Está pensado para los casos en que una empresa esté conectada a un enchufe pero no agote toda su potencia eléctrica, de manera que otra empresa puede aprovechar esa misma posición para alimentarse.
Por tanto, lo que permite este decreto es sacar el máximo provecho a la capacidad eléctrica que ya existe. El PNV mantiene abierta la negociación para tratar de encarrilar otras aspiraciones y, en ese sentido, la tramitación de este decreto en el Congreso le dará una nueva oportunidad para tocar a la puerta del Gobierno español, porque este decreto se tiene que convalidar en el plazo de un mes en las Cortes estatales. En paralelo, el lehendakari Pradales tiene programada una reunión con el presidente Sánchez el 15 de julio en Madrid en la Comisión Bilateral Permanente. El Gobierno vasco ha solicitado al presidente Sánchez que aumente la capacidad eléctrica vasca de los 12.000 megavatios actuales hasta los 18.000, un movimiento que tendría un coste aproximado de 2.500 millones de euros y que el Estado no puede abordar porque un decreto de Rajoy le impide destinar más del 0,13% del PIB a la inversión eléctrica.
Las demandas que ha conseguido encarrilar el PNV en el decreto publicado este miércoles aparecen en los artículos 17, 18, 19 y 20. Se incluyen también plazos más flexibles para revisar la planificación eléctrica, que para el PNV se ha quedado obsoleta. Si hasta la fecha el plazo era de cinco años, el nuevo decreto establece que, “al menos cada dos años, por acuerdo del Consejo de Ministros, previo trámite de audiencia y previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla afectadas, y oído el operador del sistema, se llevará a cabo una modificación de aspectos puntuales de los planes de desarrollo” en diversos supuestos, como que construir instalaciones en la red de transporte eléctrico “resulte crítico para la transición energética y la electrificación de la economía, y estas no estuvieran contempladas en el instrumento de planificación vigente”.
El texto también recoge que, a partir del 1 de octubre de 2025, cada cuatro meses, el operador del sistema (Redeia) remitirá a la Secretaría de Estado de Energía un informe que contendrá un listado de los nudos de la red de transporte de electricidad donde sea posible “introducir posiciones” (enchufes) en el plan de desarrollo de la red si concurren de manera simultánea estas condiciones: que se hayan recibido solicitudes de demanda que no se han podido atender “exclusivamente por la inexistencia de posiciones disponibles”, que exista “viabilidad física” para introducir posiciones adicionales, que no suponga “incremento de costes de inversión” más allá de las posiciones que tengan que ser sufragadas por el sistema, y que exista capacidad de acceso no otorgada para alimentar la demanda solicitada.
El mecanismo está pensando para que obtengan alimentación “aquellos proyectos que hayan demostrado madurez y firmeza”, como el PNV cree que ocurre con los proyectos que están haciendo cola en la comunidad autónoma vasca; y el número de posiciones que se incorpore en una subestación no podrá superar al de una calle.
En el plazo de un año
Por otro lado, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de este decreto, el Gobierno aprobará un real decreto que desarrolle “un mecanismo para la alimentación de demandas firmes” cuando existan empresas que no pueden ser alimentadas en la misma subestación porque dicha subestación no se pueda ampliar. Se podrá aplicar cuando alguna de las otras empresas ya conectadas esté dispuesta a aceptar un “cambio topológico” para alimentar a otras fábricas. Tiene que existir un distribuidor de energía (en el caso vasco es, sobre todo, Iberdrola) dispuesto a desarrollar una red que permita la alimentación de esas empresas.
La primera en poner a los medios de comunicación sobre la pista de estos cambios fue la diputada Idoia Sagastizabal, quien aprovechó su intervención el martes por la tarde en el Congreso para deslizar que las medidas sobre el peaje a la industria que había logrado prorrogar EH Bildu son positivas, pero son coyunturales, y el PNV pone en valor sus acuerdos estructurales para el futuro. La portavoz jeltzale en el Congreso, Maribel Vaquero, celebró este miércoles que “va a haber más enchufes a los que conectarse” y que la intención ha sido que “se aproveche toda la potencia que existe y que hasta el momento ha sido desperdiciada”.
