A pesar de la crisis que afecta al PSOE por la investigación judicial a los dos exsecretarios de Organización de Pedro Sánchez, la reunión prevista entre el lehendakari y el presidente español no se ha quedado en el limbo y ya tiene fecha. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en Ajuria Enea por el primer aniversario de andadura de su equipo, Imanol Pradales ha anunciado este martes que la Comisión Bilateral de Cooperación se reunirá el 15 de julio, en Madrid, con su propia presencia y la de Pedro Sánchez, y con el objetivo de cerrar un acuerdo para que la comunidad autónoma pase a gestionar un primer bloque de materias de la Seguridad Social, como es el caso de las prestaciones de desempleo. Pradales ya había anunciado este domingo en la entrevista con Grupo Noticias que Sánchez se había comprometido a celebrar la comisión en la primera quincena de julio, y que en ese contexto tendría que cerrarse “sí o sí” un primer paquete de transferencias de la Seguridad Social porque así lo establece el calendario pactado.
Lo que le preocupa ahora al lehendakari es que se llegue a la reunión con los trabajos "bien hechos". Ya existía un compromiso para cerrar un primer bloque en julio y en teoría todo el Estatuto de Gernika debe cumplirse este año, pero a nadie se le escapa que el contexto de incertidumbre en el Estado y la sombra del adelanto electoral son un incentivo adicional para no dejar que pase un solo día más sin materializarlo.
La aspiración del Gobierno vasco es rematar cuanto antes un acuerdo que sería histórico. Y lo tiene que cerrar con este Gobierno del PSOE haciendo abstracción de toda la polémica porque no hay otro Ejecutivo y tiene que cumplir el programa. Los traspasos de la Seguridad Social han sido durante décadas un tabú para los sucesivos gobiernos españoles, aunque el Estatuto de Gernika contemple la firma de convenios para que las instituciones vascas puedan gestionar sus distintas prestaciones respetando la competencia legislativa del Estado español, el carácter unitario del sistema y el principio de solidaridad. Eso es lo que está planteando la consejera Maria Ubarretxena, que la semana pasada ya se reunió con el secretario de Estado del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz (Sumar) para abordar las prestaciones contributivas de desempleo que se cobran cuando se pierde el trabajo, los subsidios de desempleo no contributivos para aquellas personas que no han llegado a cotizar nunca o que lo han hecho poco, y los servicios del Sepe. Ubarretxena detectó algunas resistencias jurídicas, pero trató de dejar claro que la comunidad autónoma respetará la competencia del Estado para legislar sobre estas prestaciones, la gran preocupación de una Yolanda Díaz muy presionada por los sindicatos españoles. Ubarretxena se reunirá este jueves con el secretario de Estado de la Seguridad Social, del Ministerio de la socialista Elma Saiz, para abordar las prestaciones no contributivas y las relacionadas con el Instituto Social de la Marina. En todos estos casos, se trata de asumir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, autorizar las prestaciones, pagarlas y tener la potestad sancionadora.
Macrorregión, euskera, industria...
El lehendakari recordó que hay otras "muchísimas cuestiones que trabajar", como la transferencia de salvamento marítimo que ya va con retraso y tendría que haber llegado en el primer semestre del año. Pero, al margen de las transferencias, Pradales pondrá sobre la mesa el impulso definitivo a la oficialidad del euskera en la Unión Europea, y la macrorregión atlántica, es decir, la creación de una plataforma a nivel europeo que agrupe a los territorios del flanco oeste como la propia CAV, Nafarroa y Nueva Aquitania, o también Cantabria, Asturias, Galicia, regiones de Portugal y de Irlanda, con el objetivo de poner una antena y captar inversiones para proyectos industriales o de infraestructuras de transporte.
Además, quiere repescar otras cuestiones que planteó en una conferencia de presidentes autonómicos para el olvido. Pondrá sobre la mesa la necesidad de que el Estado invierta para aumentar la capacidad eléctrica de la industria, como ya avanzó a este periódico. Pradales calcula que a la industria vasca le hace falta tener 6.000 megavatios más de potencia para abordar proyectos de descarbonización como la fabricación del acero verde, y ese aumento requiere una inversión de unos 2.500 millones de euros que el Estado español no ha podido acometer hasta la fecha porque una ley de Mariano Rajoy estableció un tope del 0,13% del PIB en inversión eléctrica. Pradales había pedido una reforma legal o un mecanismo excepcional como el decreto de la dana, y habrá que ver qué posibilidades ofrece el Estado ahora que el decreto ley que ha aprobado tras el apagón se abre en principio a tomar medidas de flexibilización. El lehendakari también ha ofrecido a Sánchez la posibilidad de que el Gobierno vasco adelante parte del dinero y después se realicen los ajustes necesarios para su devolución. Por otro lado, Pradales volverá a plantear la propuesta conjunta con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para que Sánchez active un pacto migratorio a nivel estatal y deje de gestionar este asunto a salto de mata. Pradales resumió que esta comisión será "muy relevante".
La celebración de esta comisión supone también cumplir el pacto de investidura de Pedro Sánchez con el PNV, por el cual se comprometía a que la Comisión de Cooperación se reuniera al menos una vez cada seis meses de manera presencial con la participación del lehendakari y el presidente español. La última reunión con estas condiciones se produjo el 27 de noviembre del año pasado, y sirvió para cerrar las transferencias del litoral y del cine, lo que contribuye a la idea de que, cuando se citan dos mandatarios, es para que salga del encuentro algún acuerdo de cierta enjundia.
