El Estado francés ha devuelto a Jean-Noël Txetx Etcheverry y a Béatrice Molle-Haran, enjuiciados tras ser detenidos cuando se disponían a inutilizar parte del arsenal de ETA en 2016, parte del material que les fue incautado. Entre ellos, precintas, candados, teléfonos móviles, documentación y herramientas como una fresadora y una radial.
Etcheverry y Molle-Haran fueron hallados culpables de los cargos que les acusaba la Fiscalía antiterrorista francesa, aunque el tribunal eximió a ambos de ninguna condena, en atención a la evolución de los hechos en un final de ETA que el propio Gobierno francés terminó dejando hacer.
El material devuelto
Cerrado el proceso, Etcheverry ha recibido de vuelta parte del material incautado, como son la fresadora y la radial con las que querían “neutralizar armas cortas y largas, y otros objetos diversos, que se utilizarían para neutralizar las mismas armas y manipular municiones, detonadores y explosivos”; tres teléfonos móviles empleados para publicar su operación en redes sociales y enviar material informativo a la prensa; “cerraduras y llaves empleadas por ETA y el Grupo Internacional de Verificación (CIV) recoger armas, municiones, detonadores y explosivos en los baúles”; inventarios de “armas, municiones, detonadores y explosivos realizados por ETA bajo el control del CIV”; lonas, bolsas y pegatinas con las que querían “recoger y rotular las armas, municiones, detonadores y explosivos entregados por ETA” y documentación donde se explicaba la operación que buscaban realizar.
Según anuncian en una nota, “todo el material será entregado a una estructura que trabaje en el ámbito de la memoria y la historia del conflicto vasco”, sin especificar cuál.
La sala 16 del Tribunal Correccional ponía así punto final a un proceso judicial cuya vista oral tuvo lugar en abril en París. Etcheverry y la dueña del caserío donde fueron detenidos, Molle-Haran, fueron los dos procesados de aquella operación policial, toda vez que Michel Bergouignan fue sacado del proceso judicial, y Mixel Berhokoirigoin y Michel Tubiana fallecieron desde 2016.
La clave del juicio
La clave de la vista oral, en la que ambos encausados recibieron el apoyo de todo el arco parlamentario, era considerar, a ojos del Estado francés, si la “neutralización” de parte del arsenal de ETA que pretendían aquellas cinco personas era ayudar a la organización o no.
Desplazaron hasta Luhuso ocho arcones en el que se estimaba se encontraba el 15% del armamento de ETA, que grabarían y enviarían al Gobierno francés para que se implicara en un final ordenado de la violencia. Un objetivo que buscaba eliminar riesgos de los montes vascos, donde se hallaban parte de estos armamentos y explosivos.
Sin reacción por parte del ministro del Interior, Bruno Le Roux (“nos trasladaron que dejarían hacer, pero necesitábamos garantías de que la Policía recogería el arsenal. No queríamos que esa información quedara en manos de los servicios de información españoles o en manos inadecuadas”), Etcheverry explicó en el juicio que la vía discreta dio paso al “plan B”, que consistía en grabar la acción y darla a conocer. La presencia policial en la zona del caserío y la inminencia de las detenciones anticipó la publicación de lo que sucedía en Luhuso.
"El Gobierno terminó haciendo lo que nos acusa hoy"
Cinco meses después de aquella operación llegó el desarme escenificado en Baiona en primavera de 2017, una jornada en la que se implicaron hombres de la Iglesia como el cardenal Mateo Zuppi y el reverendo norirlandés Harold Good. En la trastienda, el centenar de voluntarios que custodió los ocho depósitos desperdigados por Iparralde estaban coordinados por los denominados Artesanos de la Paz, que a través del propio Etcheverry, tenían contacto con el prefecto de los Pirineos Atlánticos, Éric Morvan. El sindicalista resumió en el juicio de abril que “el Gobierno de Francia terminó haciendo lo mismo que se nos acusa hoy a nosotros”.
La finalidad de la propia acción como la evolución de los hechos los meses posteriores (amén de la desaparición de ETA) llevó a la fiscal antiterrorista adjunta Aurélie Valente a rebajar su petición inicial de entre 7 y 10 años a entre 1 y 2 años de cárcel. Dicha solicitud quedó en suspenso por la dispensa del tribunal, así como la prohibición de tenencia de armas durante los próximos cinco años.
La propia Valente justificó entonces su decisión en el propio perfil de los encausados, el final del proceso de ETA, con el desarme de Baiona (coordinado con París), así como los años transcurridos desde entonces. La fiscal adjunta rechazó pedir que Etcheverry y Molle sean incluidos en el fichero especial de condenados por terrorismo (FIJAIT).
