El Tribunal Correccional de París ha declarado culpables a Jean Noël Etcheverry Txetx y Béatrice Molle, dos de los cinco miembros detenidos en Luhuso cuando neutralizaban parte del arsenal de ETA, aunque dicha declaración de culpabilidad ha quedado exenta de ninguna pena. La Justicia francesa no ha absuelto a Etcheverry y Molle, como reclamaban las defensas, pero sí ha atendido a la evolución posterior de los hechos y al contexto de desaparición de ETA, donde se terminó implicando el Gobierno galo, para no aplicar ninguna condena. Las partes disponen de diez días para recurrir el fallo, algo que Etcheverry y Molle no tienen previsto hacer.
Una de las claves del juicio residió en cómo interpretar la excepcionalidad de una acción que, como recordó el propio Etcheverry en la primera jornada de la vista oral, bien puede ser considerado propia de “terroristas” o de “artesanos de la paz, como nos llamaron después”.
En su propia defensa, Etcheverry recordó el martes que tenía poco que ver con ETA, y que incluso él, Berhokoirigoin y Tubiana fueron amenazados por organizar una marcha entre Lizarra y Garazi cuando la organización armada reanudó su violencia rompiendo aquella tregua.
Juicio "histórico"
La defensa ha subrayó el carácter “histórico” del juicio del Tribunal Correccional. Además de los hechos, la relevancia de la vista oral residió en los testigos aportados, entre los que se encontraban el exministro del Interior francés Matthias Fekl; el que fuera prefecto de los Pirineos Atlánticos Éric Morvan; el presidente de la Mancomunidad de Iparralde Jean-René Etchegaray; la exdiputada socialista Sylvia Allaux o el actual alcalde de Hendaia, Kotte Ecenarro.
Sin absolución
En la vista oral, el Ministerio Público francés rechazó pedir la absolución, aunque la evolución de los hechos posteriores (el desarme de Baiona se hizo con el visto bueno francés) y los años transcurridos desde entonces llevaron a la Fiscalía a reducir las peticiones iniciales de entre 7 y 10 años. Un tercer detenido, Michel Bergouignan, fue sacado del proceso judicial, mientras que Mixel Berhokoirigoin y Michel Tubiana han fallecido desde 2016.
Sin necesidad de aclarar ni autorías del presunto delito ni su objetivo (inutilizar arsenal de ETA), la Fiscalía se centró en la tenencia probada de armas y en la finalidad de la acción, que vio vinculada al terrorismo. “No hace falta ser miembro de ETA para compartir sus fines”, ha llegado a espetar la fiscal antiterrorista adjunta Aurélie Valente, que se preguntó si “transportar y tener esas armas está hecho de acuerdo a los intereses de ETA”.
Valente denunció en la segunda jornada de la vista oral que que ese proceso de desarme “lo querían hacer tal y como quería ETA”, con el objetivo de que sus miembros “tuvieran garantías” e impedir aclarar los cerca de 300 asesinatos aún sin autores conocidos.
La Fiscalía rebaja la petición
Aun así, la finalidad de la propia acción como la evolución de los hechos los meses posteriores (amén de la desaparición de ETA) llevó a la fiscal antiterrorista adjunta a rebajar su petición inicial de entre 7 y 10 años a entre 1 y 2 años de cárcel, solicitud que queda en suspenso por la dispensa del tribunal, así como la prohibición de tenencia de armas durante los próximos cinco años.
Valente justificó en abril en el propio perfil de los encausados, el final del proceso de ETA, con el desarme de Baiona (coordinado con París), así como los años transcurridos desde entonces. La fiscal adjunta rechazó asimismo pedir que Etcheverry y Molle sean incluidos en el fichero especial de condenados por terrorismo (FIJAIT).
