El Tribunal Correccional de París es testigo este martes y miércoles de un juicio más que singular: Jean Noël Etcheverry Txetx y Béatrice Molle-Haran se enfrentan a 10 y 7 años de prisión, respectivamente, por participar en la operación de “neutralización” del 15% del arsenal de ETA en diciembre de 2016. Una acción que “ayudó” a que Francia cambiara y favoreciera el desarme del 8 de abril de 2017 y que ante la vista oral, volvió a recibir el apoyo de todo el arco político francés: desde la derecha conservadora hasta las formaciones abertzales.
La primera en comparecer ha sido Béatrice Molle-Haran. Esta periodista jubilada ha explicado cómo Etcheverry y Mixel Berhokoirigoin, dos personalidades del activismo social de Iparralde, contactaron con ella porque junto a su difunto marido, Ximun Haran, era conocida por su implicación social de Iparralde. Ella, además, sabía quiénes eran por su actividad periodística: “Cuando Etcheverry me contó qué era y supe que Berhokoirigoin también participaba, acepté”.
El día señalado, los implicados eran conscientes de que la Policía merodeaba. “Les pedí que dejaran las puertas abiertas, es un caserío viejo y no quería daños”, ha afirmado Molle-Haran, la propietaria del inmueble que se enfrenta a 7 años de prisión.
Fue arrestada en un segundo momento junto a Berhokoirigoin. Siete años después de Luhuso, es uno de los participantes que han fallecido, junto al abogado de la Liga de Derechos Humanos de Francia, Michael Tubiana. Bergouignan, por su parte, fue sacado de la causa.
En declaraciones previas al arranque de la vista oral, Etcheverry ha expresado este martes en Euskadi Irratia que en el juicio, además de las posibles condenas, estaba en juego la memoria de los fallecidos: “El principal reto es si los de Luhuso éramos terroristas o artesanos de la paz, como nos llamaron después”.
Plan A y plan B
Etcheverry, miembro de la fundación del sindicato ELA Manuel Robles Arangiz y proveniente del activismo social, ha recordado su posición ante el fracaso del pacto de Lizarra-Garazi: “Berhokoirigoin, Tubiana y yo organizamos una marcha a pie y recibimos amenazas por ello”.
Su experiencia en acciones de protesta pacífica les llevó a planificar la operación de Luhuso con dos variantes para que, “pasara lo que pasara”, lograr el objetivo: uno, si no eran interceptados; el otro, por si aparecía la Policía. Por eso grabaron con antelación y repartieron material audiovisual de lo realizado, “para que tuviera el mayor eco posible. Si llegaba la Policía, ya no habría tiempo para grabar”.
El plan A, la vía discreta, consistía en remitir el material audiovisual al Gobierno francés y, si no había respuesta, en un mes, publicarlo y entregar el material “inutilizado” en Iparralde.
Emplearon una furgoneta alquilada para transportar el material hasta Luhuso, cargo al que además de la tenencia de armas, se enfrenta Etcheverry, un arsenal repartido en ocho arcones cerrados con llave: el 15% del que disponía ETA. El día siguiente el pastor norirlandés Harold Good certificaría la “neutralización”.
Era una operación peligrosa, puesto cualquier chispa de la radial podía provocar la deflagración del explosivo. Aun así, Etcheverry ja rememorado que “cuando entró, la Policía manejaba los explosivos con menos tiento que nosotros...”.
Era el momento del plan B, difundieron su acción antes de ser arrestados. Tras ser puestos en libertad, contactaron con el ministro del Interior, Bruno Le Roux. Etcheverry ha dicho que les trasladaron que el Ejecutivo francés “dejaría hacer”, pero “no era suficiente. Necesitábamos garantías de que la Policía recogería el arsenal. No queríamos que esa información quedara en manos de los servicios de información españoles o en manos inadecuadas”.
En un contexto de auge del terrorismo de islamista, Etcheverry también ha reconocido su “preocupación” por lo que podía ocurrir con las armas que estaban en los zulos, y también por las tensiones en el interior de ETA “entre el sector oficial y la disidencia”.
8 de abril de 2017 en Baiona
Cinco meses después de Luhuso llegó el acto de desarme masivo del 8 de abril, con la Comisión Internacional de Verificación, ldierada por Ram Manikkalingam. Etcheverry ha asegurado que lo ocurrido el 16 de diciembre ayudó a un “cambio de actitud” del Ejecutivo francés.
Para preparar ese 8 de abril, donde además de Good intervino el hoy cardenal Matteo Zuppi, Etcheverry dialogó con el prefecto de los Pirineos Atlánticos, Éric Morvan, que ha comparecido en calidad de testigo.
El encausado ha recordado como ese sábado “no hubo ni un control policial en las carreteras”, prueba de que París estaba dejando hacer con unas mínimas garantías. En otras palabras, ha terminado Etcheverry: ese 8 de abril “el Gobierno de Francia terminó haciendo lo mismo que se nos acusa hoy a nosotros”.
Testigos significativos
Un punto muy relevante de la jornada residió en los testigos. El primero en comparecer ha sido Morvan, que como parte del poder ejecutivo ha rechazado que supera de la operación policial de Luhuso hasta después de que se desarrollara: “Era una cuestión perteneciente al poder judicial, yo no tenía por qué saber”.
Esta suerte de delegado del Gobierno francés en la región reportó de manera directa al primer ministro de la época, Bernard Cazeneuve sus conversaciones con Etcheverry, al que veía “preocupado” por las garantías para las personas que participaran en la entrega de armas del 8 de abril de 2017. El primer ministro dio luz verde con una condición: “Que la Fiscalía estuviera al tanto”.
El Ministerio Público aceptó dar garantías a quienes participaran en el desarme, pero no admitió otra condición, que en los arsenales hubiera periodistas como testigos, según ha argumentado Morvan, que ha resumido que aquella jornada primaveral “se desarrolló como habían previsto los artesanos de la paz”, como los ha calificado. Morvan ha respondido a la defensa que el desarme “no hubiera sido posible” sin la anuencia del Gobierno francés.
El que fuera ministro del Interior Matthias Fekl tuvo una breve intervención, como corto fue su tiempo en el cargo, entre marzo y mayo de 2017. Uno de los puntos relevantes de su testimonio llegó a preguntas de la defensa: sin esa luz verde tácita de la Fiscalía, que había explicado antes Morvan, “no hubiera sido posible llevar a cabo el desarme” tal y como sucedió.
La Sala 16 del Correccional de París también ha escuchado a más testigos como el presidente de la Mancomunidad de Iparralde, Jean René Etchegaray; el alcalde de Hendaia, Kotte Ecenarro; y la diputada socialista Sylvia Allaux, todos en una misma dirección de no entender por qué los estados español y francés no desarmaban a una ETA que quería entregar las armas.
La vista oral concluirá este miércoles.
