La tormenta política desatada por el acuerdo de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Catalunya que incluye lo que algunos denominan ya como un concierto económico catalán ha opacado en un primer momento los aspectos clave de esta nueva fiscalidad. El acuerdo prevé que Catalunya saldría del régimen común de financiación y mantendría una posición muy similar a la actual de la Comunidad Autónoma Vasca y de Nafarroa. De este modo, Catalunya tendrá una plena soberanía fiscal, como ya tiene Euskadi, y podrá desplegar su Hacienda a partir del año que viene.
Impuestos
La Agencia Tributaria Catalana gestionaría, liquidaría, recaudaría e inspeccionaría todos los impuestos, empezando por la Declaración de la Renta de 2026 que se haya pagado en 2025, así como el IVA y el Impuesto de Sociedades.
Antes de que todo esto pueda materializarse deberá superar varios escollos. El primero de ellos este viernes, ya que el ‘sí’ definitivo a este pacto entre PSC y ERC deberán darlo en una consulta las bases del partido republicano, compuesta por unos 8.700 militantes. La votación llega en un momento de división en las filas de Esquerra entre quienes abogan por una visión pragmática y los que apuestan por no salirse ni un milímetro de la hoja de ruta independentista. Además del sistema de financiación, el contenido del acuerdo contempla el desarrollo del traspaso de Rodalies (trenes de cercanías), el freno al Hard Rock, el avance hacia una gestión compartida del Aeropuerto de El Prat, el impulso al catalán con un Departament propio y una mesa para abordar el conflicto político.
Acuerdo de investidura
De entre todos los puntos recogidos en el acuerdo de investidura, el más relevante hace referencia al nuevo sistema de financiación singular para Catalunya. Ambas partes deberán concretarlo en una comisión bilateral prevista para el para primer semestre de 2025. El acuerdo no utiliza el término concierto económico para definirlo, aunque ERC si lo usa en sus intervenciones públicas por el simbolismo de esta figura fiscal puesta en práctica con éxito en la CAV y Nafarroa desde primeras horas de la democracia en el Estado. El texto del acuerdo tampoco precisa la cuota de solidaridad que correspondería a Catalunya, ni se explícita que la autonomía vaya a salir del régimen común, aunque sí se hace referencia a acometer las modificaciones que correspondan de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA).
El documento, no obstante, subraya que la solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad, es decir, busca que ninguna comunidad autónoma reciba menos por habitante que otras comunidades que hayan aportado menos. Si esto no ocurriera, se arbitrarían medidas compensatorias.
En todo caso, el acuerdo precisa que la Generalitat gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará todos los impuestos soportados en Catalunya y aumentará sustancialmente su capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea. En la práctica esto supone que el Govern tendría la llave de la caja, pero se comprometerá a pagar al Estado por los servicios que presta a Catalunya, además de aportar una cuota de solidaridad para ayudar a otras regiones.
Régimen común y régimen foral
El sistema de financiación español tiene dos vías. La mayoría de las comunidades autónomas se rigen por el régimen común, en el que la administración general del Estado ingresa la mayor parte de los impuestos (una pequeña parte son recaudadas directamente las comunidades de régimen común) y luego transfiere buena parte de ellos a las autonomías. Fuera del régimen común están la CAV y la Comunidad Foral de Nafarroa que recaudan los impuestos íntegramente por parte de las diputaciones forales. Ambas están en el régimen foral, tal y como recoge la Constitución española. Tras la recaudación de los tributos, las comunidades liquidan su cupo, esto es, su aportación al Estado para sufragar competencias de la Administración central y gastos de instituciones comunes como la Seguridad Social o la Corona.
Hacienda catalana
La aportación catalana a las finanzas del Estado quedará integrada por el coste de los servicios que el Estado presta en Catalunya y por una aportación a la solidaridad que, según el acuerdo, será “explícita” y que se debe reflejar “de manera transparente”, para que se sepa qué recursos recibe y cuántos aporta Catalunya.
Asimismo, el documento asegura que para poner en marcha este nuevo modelo de financiación singular “es imprescindible que el desarrollo de la hacienda catalana (concretada a través de la Agencia Tributaria de Catalunya) sea una prioridad”.
La asunción paulatina de la gestión de todos los tributos soportados en Catalunya requerirá “el traspaso de medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos”, asegura el pacto, sin entrar en más detalles.
PSC y ERC acuerdan también que el espacio fiscal propio de Catalunya arrancará ya en 2025 con propuestas para que la Generalitat tenga competencias sobre la recaudación del IVA de las pymes y para que Catalunya pueda “decidir” sobre la aplicación del IVA a los arrendamientos turísticos en su territorio o en parte.
Acuerdo PSC-ERC
Sistema de financiación
Todos los impuestos. La Generalitat gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará todos los impuestos soportados en Catalunya, empezando por el IRPF, así como el IVA o el Impuesto de Sociedades.
Hacienda catalana. La recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos soportados en Catalunya corresponden a la Agencia Tributaria Catalana, salvo los de naturaleza local.
Solidario. La Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las otras autonomías, a fin de que los servicios prestados por sus gobiernos puedan alcanzar niveles similares siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar. Esta solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad.
