Pedro Sánchez quiere pasar el trago cuanto antes y finiquitar la reforma de la ley del solo sí es sí el jueves de la semana que viene, sin estirar el chicle en puertas de la campaña de las elecciones del 28 de mayo en los municipios y en varias autonomías. Se quiere zanjar un debate que provoca desgaste y que ha dividido por completo al Gobierno español, ya que Unidas Podemos se ha opuesto hasta casi el último minuto a reformar su ley, pese a que la redacción del ministerio de Irene Montero se ha utilizado por algunos jueces para rebajar las condenas a 800 agresores sexuales y excarcelar a 70. El PSOE registró en solitario un texto de reforma y tiene intención de que se apruebe el jueves de la semana que viene en el pleno del Congreso, no va a alargar los trámites y, en ese contexto, descarta ya públicamente cualquier tipo de negociación con Unidas Podemos, con otros aliados habituales en el Congreso o con cualquier otro.
El Ministerio de Justicia de Pilar Llop rechaza las enmiendas de Podemos, ERC y Bildu, que han intentado una especie de pinza para presionar a los socialistas. El PSOE esquiva a Podemos y desconfía del pulso que ha mantenido. Al tratarse de una ley orgánica, el PSOE necesita una mayoría absoluta, y su aplomo solo puede significar que da por hecho el sí del PP. Han pasado seis meses desde la entrada en vigor de la ley y un mes desde que se inició el recorrido parlamentario de la reforma, y no ha habido acuerdo entre los dos integrantes del Consejo de Ministros, lo que sirve también al PP para agitar la alarma social y acusar a Sánchez de no ser capaz de resolver este lío legislativo. El PSOE lo va a zanjar ya y parece que la baza es el PP, aunque en las últimas horas los populares han endurecido algo su discurso y piden negociar. El clima generado, que va más allá del debate técnico sobre la ley, deja en una posición incómoda al resto de aliados.
“Llamamos al apoyo a nuestra propuesta. Queremos contar con una mayoría parlamentaria, no excluimos a nadie, no preferimos a nadie y buscamos el apoyo de una mayoría parlamentaria a nuestra propuesta porque estamos convencidos de que es la correcta y adecuada”, ha dicho este martes la secretaria general del grupo socialista, Isaura Leal, dejando ver que no hay intención de mover una sola coma ni de transaccionar enmiendas.
El PNV no tiene decidido su voto
El lunes terminó el plazo para registrar enmiendas a la proposición de ley del PSOE, que fue admitida a trámite en el Congreso el 7 de marzo con 231 votos (PSOE, PP, C’s, PDeCAT, PNV, UPN, Coalición Canaria, Partido Regionalista de Cantabria y Foro Asturias). El PNV apoyó la tramitación porque era la pista de aterrizaje necesaria para abrir el melón del debate, cree que existe un problema que hay que solucionar, y que la propuesta del PSOE cumplía unos mínimos: mantener el tipo penal único de la agresión sexual y que toda relación sin consentimiento sea agresión.
El PNV había defendido que en esta ley hay un problema: que no se ha especificado un régimen para la aplicación de las horquillas. Se ha mantenido en contacto con expertos todo este tiempo y ha tomado finalmente la decisión de no enmendar la propuesta del PSOE. Pero las fuentes consultadas por este periódico aclaran que aún no han decidido el sentido de su voto y que están empezando a evaluar las enmiendas registradas por los grupos. El lunes habrá ponencia, el martes será la comisión, y el jueves llegará el pleno.
Para rizar el rizo, será después de las elecciones, los días 6 y 7 de junio, cuando el Tribunal Supremo fijará doctrina sobre la revisión de sentencias firmes. Esta discusión es muy compleja porque, para empezar, lo que se cambie en esta ley no será de aplicación para los presos ya excarcelados, sino para los delitos que se cometan en el futuro. Y existe un debate jurídico muy intenso porque hay quien cree que se puede fijar un criterio general para todas las leyes que modifiquen condenas en el Código Penal, pero en otros ámbitos se considera que puede dejar cabos sueltos en términos de seguridad jurídica. La sensación generalizada, sin embargo, es que hay que tomar cartas en el asunto.
La clave de la disputa
Unidas Podemos no prevé por ahora un cambio de posición. El 7 de marzo, votó en contra de la admisión a trámite de la propuesta del PSOE, junto a ERC, EH Bildu, CUP y BNG. Vox se abstuvo, aunque en algunos ámbitos se señaló que podría haber votado a favor en caso de ver en riesgo la reforma. La participación de la derecha española en esta operación le sirve a Podemos para presionar al PSOE y pedirle, como ha vuelto a hacer este martes Javier Sánchez, que se sume a la mayoría progresista y no vuelva al “Código Penal de La Manada”.
Tras una primera fase en la que Unidas Podemos situó el foco en el papel de los jueces, el grupo accedió a negociar la reforma y presentó nueve enmiendas. Al igual que EH Bildu y ERC, pretendía elevar las penas en determinados supuestos, algo que también persigue el PSOE. ¿Cuál es la diferencia? Los socialistas han propuesto crear un subtipo penal más grave cuando haya violencia e intimidación. En realidad, mantienen el delito único de agresión sexual, y que toda relación no consentida sea agresión. Es la viga maestra de la ley inicial: que baste la falta de consentimiento, y que las víctimas no tengan que someterse al suplicio de probar su nivel de resistencia a la agresión o acreditar algún tipo de forcejeo.
Podemos, ERC y Bildu comparten que la violencia añada gravedad, pero no lo hacen a través de un subtipo de delito porque creen que puede diluir la idea del delito único de agresión sexual o la figura del consentimiento. Proponen que sea una circunstancia agravante. Bildu y ERC añadían, además, que no se deducirá que hay consentimiento por la ausencia de resistencia física o el silencio de la víctima o por su conducta sexual previa.
El Ministerio de Justicia ha decidido rechazar “frontalmente” las enmiendas de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu porque, según fuentes consultadas por Europa Press, “no solucionan los problemas creados”. Justicia reivindica su vía, modificar los artículos 178 y 179 del Código Penal, y no modificar el 180 para incluir el agravante de violencia e intimidación como proponen estos grupos. Además, considera que estas enmiendas podrían desembocar en condenas desproporcionadas.
La baza del PP
El PSOE se ha limitado a recordar que el PP respaldó la tramitación. Los populares no quisieron dar nada por hecho y esperan la “llamada” de los socialistas para hablar en profundidad. No obstante, el PP ha navegado cómodo en este maremoto porque se puede presentar como el artífice de la rectificación.
Este martes, su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, se ha centrado en reprochar una falta de transparencia sobre los excarcelados, añadió que han presentado enmiendas técnicas sobre ciertos errores, y que espera una llamada. El pleno será el jueves de la próxima semana, y el día 26 acabará el periplo en el Senado.
