El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha pedido a la Audiencia Nacional que rechace la petición del PSOE de reabrir la pieza conocida como 'comisiones finalistas' derivada del caso Gürtel en la que se investigaban las supuestas donaciones de empresarios al PP a cambio de la adjudicación de determinadas obras públicas.
En un escrito, recogido por Europa Press, la representación de Bárcenas impugna los recursos de reforma y apelación interpuestos por el PSOE y por la Asociación Observatori de Drets Humans (DESC), que pidieron que se siguiese investigando esta causa.
En este contexto, la letrada solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, que dicte una resolución por la que desestime los mencionados recursos y se confirme íntegramente el auto del pasado mes de diciembre en el que decretó el archivo al considerar que no había quedado debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a la formación de la causa.
"Ya se determinó en el auto de 23 de marzo del 2015 dictado por el presente Juzgado en el que rezaba claramente que las donaciones no eran de carácter finalista y posteriormente una vez reaperturada la misma causa de ninguna de las múltiples diligencias de investigación practicadas se ha podido desprender indicio alguno sobre la supuesta vinculación de los donativos con la adjudicación de contratos públicos", sostiene la abogada Marta Giménez-Cassina en su escrito.
A su juicio, "si la financiación irregular de los partidos políticos no constituía delito alguno antes del año 2015 solo cabría la comisión de un posible delito de cohecho o de tráfico de influencias si se pudiera acreditar que la entrega de dinero lo era a cambio de adjudicaciones públicas, cosa que no se ha podido probar".
"Interpretación subjetiva e interesada"
"Un análisis conjunto de la totalidad de la prueba practicada ha llevado al instructor a determinar, como no podía ser de otra manera, el sobreseimiento de la presente causa de forma debidamente razonada y motivada en la resolución referida y que por tanto entendemos debe de ser confirmada por ser ajustado a derecho", aduce.
La representación de Bárcenas también carga contra los recursos del PSOE y de DESC sosteniendo que "no pueden ser estimados, ya que suponen una clara interpretación subjetiva e interesada de la prueba practicada obviando que la realidad es que no existe prueba ni indicio alguno que pueda llevar a acreditar la existencia de comisión delictiva pretendida".
En definitiva, y "una vez practicada una más que amplia y dilatada instrucción atendiendo a los hechos que se denunciaron", la letrada del extesorero 'popular' entiende que debe "ser confirmado el auto que ahora se recurre por no revestir los hechos denunciados caracteres de delito alguno como se argumenta, motiva y fundamenta en debida forma".
El origen de la causa
El caso, conocido como el de las 'comisiones finalistas', lo inició el juez Pablo Ruz en 2013, pero lo cerró dos años después al no ver más indicios delictivos que los del pago de la reforma de la sede 'popular' de Génova con esos fondos extracontables. Sin embargo, lo revelado por el líder de la 'Gürtel', Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de la trama corrupta permitió reactivarla.
El extesorero del PP, que hasta entonces lo había negado, confesó en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción que algunas de las donaciones realizadas buscaban adjudicaciones. En su declaración del 16 de julio de 2021 ante Pedraz, implicó directamente a todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente del PP al afirmar que trataban con los empresarios que contribuían a esa supuesta contabilidad oficiosa.
Relató un episodio concreto que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.
El juez puso fin a la fase de instrucción el 29 de julio de 2021, pero no fue hasta el pasado mes de noviembre cuando recibió el último informe que había encargado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). A raíz del mismo la Fiscalía Anticorrupción solicitó el cierre de la causa, a lo que el magistrado accedió, aunque ahora tendrá que revisar su decisión a raíz de los citados recursos.
