El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, recordó ayer que reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como ley mordaza por sus detractores, es una “obligación” porque forma parte de los compromisos del Gobierno de coalición por ello, avisa, “no hay justificación” para que su tramitación no se desbloquee en el Congreso antes de fin de año. Así lo explicó en una entrevista en RNE, en la que admite que dejar esta tarea para 2023 la haría más complicada “por el calendario de país”, en referencia a las citas electorales del año que viene que arrancarán en mayo con las municipales y autonómicas.
Santiago, uno de los ponentes de la reforma que tramita el Congreso basándose en una propuesta del PNV, destaca que las formaciones del Gobierno y sus aliados parlamentarios han trabajado “muy intensamente para recuperar los derechos que fueron recortados en 2015” con la reforma impulsada por el PP. Según detalló, ya “son muy pocos los aspectos” pendientes de acuerdo y, en cuanto se cierren se podrá convocar la ponencia para retomar una tramitación que lleva meses congelada. “Es urgente que lo mas pronto posible se cierre todo este trabajo y activar la ponencia en este periodo legislativo”, apuntó. “Después de tres años de legislatura y siendo la recuperación de las libertades públicas un acuerdo del Gobierno de coalición lo que corresponde es cerrarlo este año y no hay justificación para que no sea así”.
El dirigente morado mencionó que aún no hay acuerdo en “todo lo que tiene que ver con el concepto de desobediencia o faltas de respeto a los agentes”, la utilización de material antidisturbios, como las pelotas de goma, o “cuestiones relacionadas con el consumo de drogas blandas”, aspectos “que más sanciones han provocado” y que, a su juicio, se han utilizado de forma “más arbitraria”. “No es normal que se hayan impuesto 85.000 sanciones por faltas de respeto a la autoridad utilizando una norma que es muy subjetiva”, aseveró.
