La consejera de Autogobierno ha vuelto a mover ficha para colocar otra carpeta sobre la mesa del Gobierno español. Fuentes del departamento consultadas por este periódico confirman que ya han enviado al Ministerio de Política Territorial, por propia iniciativa, un documento para abrir la negociación de la transferencia de inmigración. En concreto, la propuesta pone el foco en las autorizaciones iniciales de los permisos de trabajo para los extranjeros. Euskadi quedaría en una situación similar a la de Catalunya, que fue la primera comunidad en gestionar los permisos iniciales de trabajo.
Se trataría de que la tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena se resuelvan desde las instituciones vascas. Hay un precedente similar en Catalunya, aunque en el caso vasco cada transferencia es un mundo y requiere un cálculo acorde con el Concierto Económico y el descuento del Cupo.
La consejera Olatz Garamendi ha activado esta negociación con la ministra Isabel Rodríguez ante la ausencia de movimientos en este sentido desde el Estado. Este paso adelante va en sintonía con la apuesta de Garamendi por mantener una actitud proactiva y no esperar hasta el infinito a que sea el Gobierno español quien envíe sus propuestas, porque el calendario no se está cumpliendo y el proceso no se destaca por su fluidez. Quedan una treintena de traspasos para cumplir el Estatuto de Gernika. Ya es la cuarta vez desde finales del año pasado en que la consejera envía ofertas de su cosecha: sucedió con la gestión del litoral, los servicios de meteorología y el fondo de protección a la cinematografía.
ZONA DE TRÁNSITO PARA LOS MIGRANTES
Euskadi es una zona de tránsito importante en materia de migración a través de la frontera en Irun, de ahí que haya solicitado en varias ocasiones la transferencia de la competencia. Mientras tanto, ha desplegado una red de acogida que le permite actuar en el ámbito socioeconómico. A esta realidad preexistente se ha sumado en las últimas semanas la emergencia en Ucrania, donde la invasión perpetrada por Rusia ha provocado una oleada de refugiados.
Para el Gobierno vasco, la transferencia puede contribuir a responder a este drama, pero no se limita a este ámbito, sino que esta reivindicación la sitúan en el marco del signo de los tiempos, marcado por los flujos migratorios hacia adentro y hacia afuera. La consejera de Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha apostado públicamente en los últimos meses por la transferencia de inmigración. El exministro Miquel Iceta sugirió que se podría avanzar en este ámbito pero, desde entonces, nada se ha movido.
La gestión de la transferencia en Catalunya se pactó para actuar de manera coordinada con el Estado, que había monopolizado los permisos de trabajo y en Euskadi lo hace igualmente, sobre todo, a través de las oficinas de Extranjería o instancias policiales y las subdelegaciones del Gobierno español.
OFERTA EN PLENA SEMANA SANTA
Garamendi pretende imprimir otro ritmo, más veloz, a la negociación de las transferencias. La forma en que estas conversaciones han estado sujetas a todo tipo de aplazamientos por la pandemia del coronavirus, las convocatorias electorales o incluso la guerra de Ucrania le hacen temer ahora que haya un nuevo retraso: esta vez, influye el ciclo electoral que se abre en el Estado y que será muy intenso en 2023. Garamendi ha avisado de que no le valdrán pretextos de este tipo, pero en paralelo ha activado todos los resortes para adelantar el mayor trabajo posible y no fiarlo todo al convulso 2023. De ahí que haya enviado ya la oferta de inmigración, incluso en un periodo de baja intensidad en la administración como lo es la Semana Santa.
El último traspaso que se ha pactado ha sido el del Ingreso Mínimo Vital, que llegó con un año y medio de retraso con respecto a los plazos pactados entre el Gobierno español y el PNV. Con la oferta sobre migración, el Gobierno vasco añade otra carpeta a las otras cuatro que están sobre la mesa (trenes de cercanías, litoral, meteorología y fondo de protección a la cinematografía).
LAS NEGOCIACIONES
Con el exministro Iceta, se deslizó la posibilidad de abordar con carácter prioritario el traspaso de migración, de manera que pudiera estudiarse la opción de que la CAV ejecutara la legislación laboral en las autorizaciones de trabajo, la inspección y la sanción; y desempeñara las labores de acogimiento y atención sociosanitaria, orientación, e integración social y lingüística.
En paralelo, se habla también del traspaso de los trenes de cercanías, aunque el Gobierno español se ha resistido públicamente a transferir la infraestructura, y solo habla del servicio. Hay otras cuestiones que han complicado el diálogo, como la consideración que tienen para el Estado las líneas que salen en algún momento de la comunidad autónoma, o que llevan a infraestructuras de interés general como los puertos.
