gasteiz - El Tribunal de Cuentas considera que la Junta de Gobierno Local de Gasteiz que aprobó en febrero de 2007 el arrendamiento del local de la calle San Antonio propiedad de Gonzalo Antón, blindado por 20 años y por un precio superior al que inicialmente indicaron los técnicos municipales, actuó contra los intereses económicos de la ciudad. Aquella Junta de Gobierno estaba encabezada por Alfonso Alonso y en ella estaba el actual alcalde gasteiztarra, Javier Maroto.
Así lo indica el tribunal en el informe que ayer entregó a las partes llamadas a declarar en Madrid, y a las que impone fianzas por un importe superior a los 500.000 que deberán ser abonadas en un plazo no superior a los diez días. La instructora delegada del caso, Mónica Rino García-Camacho, no considera prescrito el hecho, tal y como argumentaba la defensa contratada por el entonces alcalde, Alfonso Alonso, y su equipo, al constatar que el alquiler se sigue pagando al empresario Gonzalo Antón, a pesar de que Maroto renegoció el arrendamiento cuando el escándalo salió a la luz.
Alfonso Alonso y el resto de miembros de aquella Junta de Gobierno (Javier Maroto, Idoia Garmendia y Alfredo Iturricha, hoy en día también en el Gobierno municipal; y Encina Serrano, Miguel Ángel Echevarría, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz y Marian Castellanos) tendrán que pagar 496.223 euros de su bolsillo, algo más de 55.000 euros por cabeza. Esa es la cantidad que la instructora considera que perdió la ciudad como consecuencia de esta operación. Además, el actual edil de Hacienda Manu Uriarte (PP), su predecesora, Marian Gutiérrez (PSE), y Javier Maroto, en la misma condición de responsable contable del Ayuntamiento con Alonso, tendrán que hacer frente a fianzas de 13.366, 5.228, y 1.696 euros, respectivamente, al entender el Tribunal de Cuentas que en su día se calculó mal el IPC para subir el precio del alquiler, también en perjuicio del Ayuntamiento, y que se ha persistido en el error hasta el día de hoy.
Ayer estaban citados en la sede del Tribunal de Cuentas Alonso y su equipo de 2007, que rehusaron acudir a declarar y lo hicieron a través de un abogado, una procuradora del Ayuntamiento gasteiztarra, y Marian Gutiérrez. Tras escucharles, el Tribunal mantiene su hipótesis de que Alonso perjudicó económicamente al Ayuntamiento, por lo que el proceso sigue adelante. Si hasta ahora lo que se ha desarrollado han sido las actuaciones previas, a partir de la declaración de ayer se entra en la fase jurisdiccional o de juicio contable, una figura no penal que no tendrá más consecuencias para los encausados que el abono de las citadas cantidades.
El tribunal encargado de fiscalizar la actuación de las administraciones públicas españolas cree que Alfonso Alonso, en la actualidad ministro de Sanidad, tiene responsabilidad contable en lo sucedido porque acordó pagar por el alquiler más de lo que señalaron los técnicos municipales y porque los incrementos, en lugar de ceñirse al IPC, lo llegaban a superar incluso en nueve puntos. Además, el Consistorio corría con los gastos de IBI y de comunidad.
El caso San Antonio comenzó cuando Gonzalo Antón compró el local, de casi 1.000 metros cuadrados, por 2,7 millones de euros, y lo empezó a ofrecer a las instituciones para alquilarlo. La Diputación lo rechazó, pero el Ayuntamiento dijo que sí, que le interesaba.
El equipo de gobierno hizo caso omiso de las estimaciones de los funcionarios del Ayuntamiento y redactó junto con Antón un contrato que establecía el pago de más 6,5 millones de euros durante veinte años. Si al Consistorio no le interesaba seguir en el local, podía irse cuando quisiera, eso sí, abonando previamente todo el alquiler pendiente, con lo que Antón, sí o sí, ingresaría los seis millones de euros. El Ayuntamiento, además, pagó las obras del local, que les costaron a todos los gasteiztarras alrededor de 1,6 millones de euros.
“no hay delito” Alfonso Alonso, abordado ayer en el Senado por la prensa, dijo no estar preocupado por la fianza, sino por “la demora en que se acredite el interés público en aquella decisión, que es clarísimo”. Por su parte, Javier Maroto lanzó tres ideas. La primera, que el Tribunal de Cuentas no detecta “delito alguno” en la documentación analizada, porque de otra forma estaría obligado a traspasar el caso a un tribunal de Justicia. La segunda, que los concejales del PP a quienes se reclama el dinero han decidido no recurrir la decisión del tribunal y tirarán de avales personales para hacer frente a las fianzas, que perderán si el juicio ratifica las opiniones de la instructora delegada.
Y no porque se sientan responsables de haber causado un quebranto económico a la ciudad, sino porque así “este asunto desde hoy no le costará ni un euro a la ciudad”, y sobre todo porque se conocerá antes su desenlace. En ese sentido, Maroto instó al Tribunal a que falle antes de las elecciones del 24 de mayo. La tercera idea que lanzó Maroto fue un mensaje directo a los gasteiztarras: “Que estén tranquilos y seguros”, dijo, porque “por fin” habrá una opinión independiente sobre el polémico alquiler.
Daños colaterales La exconcejala de Hacienda en el gobierno municipal de Patxi Lazcoz y hoy edil del PSE, Marian Gutiérrez, atendía ayer a este diario mientras viajaba de vuelta a Gasteiz. Fue la única representante del Consistorio que acudió a declarar en persona a Madrid.
La sesión duró alrededor de una hora, durante la cual declararon la procuradora del Ayuntamiento, el abogado del PP y ella misma. La instructora delegada, señalaba ayer Gutiérrez, basa su acusación al equipo de gobierno de Alfonso Alonso en el hecho de que el informe de la Unidad de Valoración no solo era de obligada redacción, sino también de obligado cumplimiento.
Así pues, para Gutiérrez, el criterio del Tribunal de Cuentas “responde a lo que los grupos políticos defendimos en la comisión, que era un contrato leonino, que no respondía al interés general, que busca el interés de un particular”, afirmó la edil convencida de que “había que pagar una cantidad X y lo construyeron para que al final se cobrara esa cantidad”.
De refilón, por otro lado, a la exconcejala de Hacienda el caso San Antonio le va a costar dinero de su bolsillo, lo mismo que le ha ocurrido al actual responsable de ese departamento, Manu Uriarte. “No es lo que más me gusta, pero bueno... La instructora delegada entiende que el IPC se tenía que calcular de marzo a marzo, y se hizo a final de cada año; ella lo hace constar, dice que se debía haber reflejado, calcula la diferencia, y en función de los años transcurridos se lo imputa a todos los concejales de Hacienda”, afirmó.
