madrid. La Audiencia Nacional condenó ayer a 3.860 años de cárcel a los miembros del comando Otazua de ETA Daniel Pastor, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria por el atentado con una furgoneta bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos en 2009, que causó 160 heridos de diversa consideración. La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a cada uno de ellos a esa pena por 160 delitos de asesinato en grado de tentativa y un delito de estragos, y destacó en la sentencia los testimonios de los peritos, que declararon en el juicio que la explosión fue "aterradora" y dejó el edificio destruido "por arriba y por abajo". La sala estableció, además, que deben pagar 15 millones a la Dirección General de la Guardia Civil por los daños al edificio, e indemnizar con 39.074 euros a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León por los daños causados en dos hospitales de Burgos próximos a la casa cuartel.

El atentado se produjo en la madrugada del 29 de julio de 2009, cuando una furgoneta bomba cargada con más de 700 kilos de amonal explotó y causó heridas a 160 personas, entre ellas 41 niños. La sentencia considera probado que los tres miembros de la banda, siguiendo instrucciones, decidieron atentar contra la casa cuartel y que, para ello, se desplazaron a Burgos, donde recopilaron información sobre el lugar donde colocaron la furgoneta, un aparcamiento localizado en la parte trasera de la casa cuartel.

Posteriormente los tres se fueron al Estado francés, donde otro miembro de la banda les suministró una furgoneta verde Mercedes Vito que, ya en Araba, pintarían de blanco y cambiarían por la matrícula de una furgoneta de la misma marca y modelo que pertenecía a un vecino de Burgos, que habían controlado previamente y, así, no levantaría las sospechas de los agentes.

Pastor, afirmaba la sección tercera, condujo la furgoneta cargada con explosivos hasta la capital burgalesa, mientras que Zapirain y Etxebarria le daban cobertura por carretera en otro vehículo. La carga que explotó sobre las cuatro de madrugada a 16 metros de la casa cuartel consistía en un artefacto compuesto por 700 kilos de amonal que contaba con un temporizador. Dejó un cráter de 1,8 metros de profundidad y 16 metros de diámetro.

Según declararon los peritos en el juicio celebrado el pasado noviembre, aparte de los daños físicos que sufrieron las víctimas -algunas requirieron más de 500 días para recuperarse-, también en muchos casos, tuvieron un síndrome de estrés postraumático que se transformó en ansioso-depresivo severo y que les generó una incapacidad permanente para trabajar.

Los miembros del comando Otazua ya habían sido condenados por los últimos atentados cometidos por la banda antes de su alto el fuego y la mayor pena que se les impuso fue 45 años de prisión por el asesinato del inspector jefe de la Policía Eduardo Puelles en 2009.