Al menos, por ahora, las aguas han vuelto a su cauce en el Gobierno vasco de coalición PNV-PSE, que ha decidido unificar su mensaje en torno a un objetivo compartido por ambos partidos: alcanzar un acuerdo con el Estado. Lo que está en discusión es una propuesta de reforma del decreto que regula la creación de nuevas universidades con varios requisitos y, si ambos gobiernos no logran acercar posturas y finalmente se aprueba la propuesta del Ministerio de Diana Morant en sus actuales términos, es probable que el Consejo de Gobierno autorice un recurso ante el Tribunal Constitucional en defensa de las competencias vascas y que los socialistas se vuelvan a desmarcar, porque no ven una invasión del autogobierno. Pero ese será otro capítulo. Parece que el PSE circunscribe el malestar que ha mostrado estos días a que el apoyo o el rechazo a las iniciativas se tiene que abordar en el seno del Gobierno vasco antes de salir a la opinión pública, para darles opción a matizar o trasladar su posición. La discusión ha sido un tanto prematura en el PSE. El Gobierno vasco ha apostado por añadir sosiego a una tramitación todavía muy incipiente, donde ni siquiera se ha aprobado un texto definitivo en el Consejo de Ministros de Sánchez y lo único que se ha hecho es presentar unas alegaciones con las demandas vascas, con la aspiración de que sean atendidas; y el pacto PNV-PSE no obliga a pactar esas alegaciones.

La reunión semanal del Consejo de Gobierno de este martes llegó precedida por la expectación mediática. El secretario general del PSE, Eneko Andueza, se había desmarcado públicamente de las alegaciones del consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias, porque él no ve ninguna invasión competencial. Había deslizado que la representación socialista iba a pedir explicaciones en el Consejo de Gobierno, y reclamó una mayor coordinación con el PNV. Como ya anticipaban fuentes del Gobierno vasco a Grupo Noticias el fin de semana, finalmente fue el propio consejero quien optó por abordar con normalidad este asunto en la reunión de este martes sin que mediara una petición previa de los miembros socialistas del Consejo, más allá de que Andueza lo había pedido en público.

Y, en la rueda de prensa posterior, la portavoz del Gobierno de coalición, la jeltzale Maria Ubarretxena, defendió a Pérez Iglesias en fondo y forma: por un lado, reiteró que la reforma es “un ataque claro al autogobierno” y, por otro, situó dentro de la “normalidad” que el consejero del área haya enviado sus alegaciones para hacer constar la posición de su departamento. Repitió que aún no se ha aprobado ningún decreto y que, por tanto, esto no es un recurso de inconstitucionalidad, un recurso que sí habría que someter al conjunto del Consejo del Gobierno vasco para aprobar su presentación. Estas afirmaciones van en la línea de la información ya publicada por este periódico, donde se recordaba que el pacto de Gobierno solo obliga a consultar los recursos, no las alegaciones, como recoge su compromiso 143, en su iniciativa 4.

Ubarretxena se explicó: “Es un proceso dentro de la normalidad. El consejero ha explicado sus alegaciones hoy, y las ha razonado. Aún no se ha aprobado ningún decreto, está en una fase muy inicial”. Añadió que el Gobierno vasco no comparte el procedimiento de urgencia, y rechaza el “ataque” al autogobierno, porque la propuesta del Estado “niega al Parlamento la competencia sobre la creación de las universidades y pasa a las agencias de calidad”. “Digo que está dentro de la normalidad, porque el departamento analiza la propuesta y hace alegaciones para que la otra parte entienda lo que pide Euskadi y cuál es su punto de vista”, insistió. Ubarretxena repitió que este asunto se encuentra en un “punto muy inicial”. “Esperamos que haya acuerdo antes de que se apruebe el decreto, que se tengan en cuenta nuestras alegaciones , y esperamos que se encauce de manera positiva”, dijo. La idea del acuerdo con el Estado es la que une a PNV y PSE. 

Invasión competencial o no

A partir de ahí, los criterios difieren, porque los socialistas no ven una invasión competencial. Para los socialistas vascos, el Gobierno español, dirigido por sus compañeros del PSOE, no incurre en ningún ataque al autogobierno, sino que intenta defender a la universidad pública frente a los “chiringuitos” privados que proliferan en las comunidades del PP. El argumento pierde fuerza si se tiene en cuenta que la propia UPV/EHU rechaza la reforma por invasión competencial. La propuesta asume las competencias sobre universidades en línea, y también fija el requisito de tener 4.500 alumnos. Está por ver si contribuyen a rebajar los decibelios tanto la posición de la UPV como la sensación de que el decreto viene a solucionar un problema que no existe en Euskadi, sino más bien con el PP.

Ubarretxena añadió que, cuando se apruebe el decreto, si no se reconducen las diferencias, el Gobierno vasco tiene “el derecho” a presentar un recurso. “Y entonces sí lo aprueba el Consejo de Gobierno”. Pero, por ahora, se quiere poner el foco en buscar el acuerdo: “Lo más importante y lo que esperamos es encauzar este tema en positivo”. Cuando le preguntaron si algún consejero socialista había pedido explicaciones a petición de Andueza, añadió: “Todos los consejeros, tanto socialistas como del PNV, hemos escuchado con gran interés las explicaciones del consejero y lo que todos deseamos es que se pueda reconducir. Nadie ha mencionado a ningún secretario general”.