DONOSTIA. El Parlamento Vasco aprobó ayer por unanimidad una iniciativa legislativa ante las Cortes Generales para que se incluya a sus miembros, y a los de todas las asambleas legislativas autonómicas, en el Régimen General de la Seguridad Social. La proposición de ley plantea la reforma del decreto del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y de la ley relativa a su Régimen General y a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales.
En concreto, la proposición de ley que se va a enviar a las Cortes pide la inclusión en la Seguridad Social de los miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. También se propone que estén comprendidos en la protección por desempleo, en las mismas condiciones que cualquier trabajador por cuenta ajena, los parlamentarios autonómicos, los miembros de las corporaciones locales y de las Juntas Generales de los territorios históricos forales, los cabildos insulares canarios y los consejos insulares baleares, así como de los cargos representativos de los sindicatos.
La reforma de la segunda ley propone que estos colectivos estén "obligados a cotizar por la contingencia de desempleo", por lo que podrán cobrar el subsidio cuando cesen en sus puestos.
La aprobación acordada ayer se produce después de que el 23 de abril pasado el Parlamento Vasco aprobara la reforma de su Reglamento para que sus miembros puedan cobrar el paro, como cualquier otro trabajador afiliado a la Seguridad Social.
La reforma del Reglamento prevé que hasta que las Cortes no aprueben la reforma de la Seguridad Social esté vigente una disposición transitoria para que los parlamentarios vascos, en el caso de renuncia o extinción de su mandato, perciban una prestación económica temporal equivalente al 40% de una mensualidad de su salario base. Esta prestación se abonará mensualmente durante, al menos, tres meses por cada año de desempeño del mandato parlamentario, con un máximo de doce meses.
Además, la reforma incluye un apartado en el que se establece que los parlamentarios percibirán, una sola vez y siempre que hayan desempeñado el cargo al menos durante un año, una indemnización en caso de cese por renuncia equivalente a una retribución mensual. Esto tendrá carácter general, excepto en los casos de pasar a percibir una remuneración pública en un plazo inferior a un mes.
Estas reformas del Reglamento y de la Seguridad Social están recogidas en los acuerdos de los grupos parlamentarios de la Cámara vasca en la ponencia que trabajó en la elaboración del estatuto del político de Euskadi. Entre otras cosas, en ese acuerdo se recoge suprimir por ley el derecho de los altos cargos del Gobierno Vasco a percibir complementos de pensiones vitalicias.
