Donostia. El pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó ayer estimar el recurso y anular la aplicación de la doctrina Parot a tres de presos de ETA, al considerar que era inconstitucional mantenerlos en prisión. Del resto de recursos vistos, que sumaban un total de 28, la gran mayoría de internos de la organización armada, otros tres fueron inadmitidos a trámite y el resto quedaron rechazados. Esta decisión supone un jarro de agua fría al proceso abierto en Euskal Herria y desoye las voces que pedían su derogación, al entender que ayudaría a consolidar a los sectores del MLNV que han conseguido propiciar la histórica decisión de ETA.

Los recursos estimados, por unanimidad de los once magistrados que componen el Tribunal, fueron los de Jose Ignacio Gaztañaga, que fue uno de los primeros presos a los que se aplicó la doctrina -hace seis años-, Juan Mari Igarataundi y José María Pérez Díaz. Estos tres deberán quedar en libertad en próximas fechas.

Desde el pasado lunes, el pleno venía estudiando una treintena del total de 62 recursos que han sido admitidos a trámite contra la aplicación de la doctrina Parot, instaurada por el Tribunal Supremo desde 2006. Según esta lectura de la ley, el cómputo de las redenciones que se aplican a un penado se realiza sobre el total de las condenas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años, lo que supone ampliar las estancias en prisión.

Durante las sesiones, el tribunal de garantías también habría inadmitido, igualmente por unanimidad, tramitar los recursos presentados por Isidro Garalde, Miguel Turrientes e Itziar Martínez Sustatxa. En las sentencias en las que se rechazaron los recursos existen varios votos discrepantes, según señalaron fuentes del alto tribunal.

Desde el pasado lunes, el pleno del TC deliberó sobre una treintena de recursos, la mayoría presentados por internos de la organización. En los tres casos a los que el TC ha dado luz verde existía previamente una liquidación firme de condena al presentar más problemas de constitucionalidad. Se trata de presos respecto de los cuales se fijó en firme una fecha para su salida de prisión antes de aplicarles esta doctrina, a partir de 2006.

En consonancia con los informes emitidos hasta el momento por la Fiscalía del TC, y en espera de conocerse el texto de las resoluciones, la existencia o no de auto de licenciamiento definitivo -el documento que el juez envía a la prisión para que el penado pueda salir una vez ha cumplido la condena- pudo ser clave para estimar unos recursos y rechazar otros.

Gaztañaga fue condenado en 1997 a 153 años de prisión por varios delitos, entre ellos el asesinato de un policía y la colocación de artefactos explosivos en un bar de Eskoriatza y Vitoria. La doctrina Parot le impidió salir de prisión en marzo de 2006, tan solo cinco días antes de la fecha inicial para su excarcelación, que era el día 29 de ese mes. De no haber sido aceptado su recurso, debería continuar en prisión hasta marzo de 2018.

Pérez Díaz fue condenado en 1989 a 197 años de cárcel por el atentado cometido en 1986 contra la Guardia Civil en Zarautz. Por lo que respecta a Juan Mari Igarataundi, fue detenido en el año 1987 en Gipuzkoa, acusado de pertenecer al comando Udalaitz, y fue condenado como autor de varios atentados.

La intención de una mayoría de los jueces del alto tribunal era, desde un principio, afrontar este asunto con el máximo consenso posible y caso por caso, sin necesidad de establecer una resolución general sobre esta doctrina, si bien otro grupo de magistrados sí eran proclives a establecer unas pautas generales. La Audiencia Nacional ha aplicado la denominada doctrina Parot a un total de 87 casos de terrorismo entre 2006 y 2011.

Interior, "muy satisfecho" Escueto, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, hizo una primera valoración de la resolución de los recursos y se mostró ayer "muy satisfecho". Por su parte, el PSOE se limitó a señalar que respeta la decisión del TC, mientras que Aralar denunció que la ratificación de la doctrina Parot es un "ataque contra la modernidad", al tiempo que reclamó "reformar desde su raíz el Código Penal".