Donostia. Salvo sorpresas muy poco probables en relación a ANV, Aukera Guztiak (AuG) y Sozialista Abertzaleak, pendientes de resolución, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, decidió ayer finiquitar el caso Herri Batasuna y Batasuna contra España y no dará una última oportunidad a las siglas de la izquierda abertzale oficial, HB-EH-Batasuna. La Corte Europea rechaza su solicitud para que la ilegalización decretada en 2003 por los tribunales españoles fuera revisada por la Gran Sala, que es la que estudia los casos más importantes y revisa las sentencias de las otras salas que son recurridas. De esta manera, Estrasburgo avala definitivamente la Ley de Partidos aprobada por PP y PSOE en 2002, y cierra todas las puertas a Batasuna para futuras citas electorales, las próximas en 2011.

En una resolución hecha pública ayer por las agencias de información -el representante legal de Batasuna en Estrasburgo, Didier Rouget, conoció la decisión judicial a través de los medios-, el Tribunal europeo comunica a Batasuna que "no acepta" su demanda para que la Gran Sala examine de nuevo la sentencia que este tribunal dictó el pasado 30 de junio y declara la firmeza del fallo en aplicación del artículo 44.2 de la Convención.

Un comité, formado por cinco jueces, fue el encargado de adoptar la decisión de no trasladar a la Gran Sala el caso Batasuna. Una resolución que cogió por sorpresa al abogado de la formación abertzale Didier Rouget, quien minutos antes de conocer el fallo admitía a este periódico las "dificultades" que existían para que prosperaran los recursos de apelación presentados por él mismo, así como por dirigentes de la izquierda abertzale, como Rufi Etxeberria y Pernando Barrena.

Rouget destacó que la resolución del Tribunal europeo en torno a la ilegalización de Batasuna supone una "ruptura" con la jurisprudencia de este tribunal en relación a la libertad de expresión -utilizada en casos, como el de Turquía- y al derecho de asociación. "La coyuntura política ha cambiado en los últimos años y el Tribunal Europeo prima ahora la seguridad, haciendo más restrictiva la libertad ciudadana", concluyó.

Sea como fuere, este comité de jueces declara firme la sentencia dictada en junio por el TEDH, que consideró por unanimidad que la disolución e ilegalización de Batasuna acordada en 2003 por el Tribunal Supremo y avalada por el Tribunal Constitucional respondía a una "necesidad social imperiosa" y que las medidas adoptadas fueron "proporcionadas".

En la sentencia, se afirmaba que Batasuna "implicaba un gran peligro para la democracia española" y le negaba la protección de la Convención: "Un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia o proponen un proyecto político que no respeta una o varias normas de la democracia o que conduce a la destrucción de la misma, así como a ignorar los derechos y las libertades que ésta reconoce, no puede prevalerse de la protección de la Convención contra las sanciones impuestas por estos motivos".

Reacciones políticas Las reacciones de los partidos políticos vascos y, en especial, las de aquellos que defienden la Ley de Partidos, PSE, PP y UPyD, no se hicieron esperar. Tampoco los argumentos distaron mucho de los ya expuestos cuando se conoció la sentencia dictada en junio.

Desde el Gobierno Vasco, su portavoz, Idoia Mendia, se congratuló de la decisión judicial y afirmó que demuestra que "no hay operación de Estado" en la ilegalización de Batasuna. Tras señalar que la resolución de Estrasburgo obligará a "cambiar de pie" al PNV, consideró que ratifica "que no se ilegalizan ideas".

Por su parte, el PNV lamentó que el Gobierno Vasco "dedique más tiempo y más resentimiento a criticar al PNV que a valorar la propia sentencia", mientras que Aralar y EA reprobaron la decisión judicial, ya que supone un "recorte de libertades".