ería un error categorizar la irracionalidad vandálica de los altercados provocados por algunas decenas de individuos en la noche del jueves al viernes en Bilbao, anunciada por precedentes similares en ciudades del Estado (Oviedo, Barcelona, Valladolid, Sevilla, Girona...) y de otros países europeos como Italia, Francia o Alemania, en torno a la minoritaria corriente de opinión que rechaza las teorías oficiales sobre la pandemia y, sobre todo, las medidas preventivas necesarias para enfrentarla. No se trata de "negacionistas" sino de vándalos. El hecho de que algunos de los detenidos ya contasen con antecedentes por hechos similares corrobora que son personas reacias a los modos de convivencia y proclives a enmascararse en el grupo para socializar su violencia. Que tras ellos y tras la convocatoria de la protesta del jueves pueda haber intereses de grupos de ideologías marginales en la sociedad vasca, como al parecer ha ocurrido en otros lugares, es en todo caso una posibilidad. Como lo es que formen parte de los intereses de algún tipo de delincuencia, más o menos organizada. De ser así, en todo caso, se confirmaría el error de asociar sus actitudes al "negacionismo" de la pandemia que se ha expandido sobre todo de forma casi anónima, aunque con referentes conocidos, por las redes sociales. Es cierto que dicha corriente no está exenta del individualismo, o egoísmo cuando solo busca notoriedad, que se sitúa conscientemente al margen de la mayoría social. Tampoco de la irresponsabilidad, al menos la que conlleva cuestionar sin evidencias científicas los riesgos de una pandemia que, más allá de su origen o del modo en enfrentarla, sí las tiene. Y es cierto también que ambas características no son ajenas a quienes acostumbran a protagonizar actos de violencia en la calle. Pero negar no es quemar y romper. El "negacionismo" haría bien en dejarlo claro con los mismos medios e idéntica vehemencia con que trata de expandir sus teorías. Porque siendo libre de expresar su opinión no lo es para eludir, con el pretexto de la objeción de conciencia en pos de una supuesta defensa de derechos, las normas que el resto de la sociedad está obligada a cumplir. Mientras no sea capaz de demostrar lo contrario, esa actitud conlleva la posibilidad del riesgo para la salud, propia y ajena, y abona, aun sin pretenderlo, la distorsión de elementos proclives a violentar la hoy ya limitada convivencia.