e de reconocer que comencé la semana pasada defendiendo públicamente las declaraciones de Nagore Alkorta en torno a la falta de propuesta o proyecto en torno a la reapertura de Corrugados en Azpeitia, pero la terminé opinando de otra manera, ya que tanto la documentación hecha pública como las declaraciones de los responsables de la empresa invitaban cuando menos a matizar las afirmaciones de la alcaldesa; según algunas lecturas también a desmentirlas. El otro argumento, el del planeamiento urbanístico, en ningún momento llegó a convencerme del todo.
Nos encontramos en el fondo ante un interesante debate sobre la cantidad y calidad de documentación que se debe dar por suficiente para que un proyecto deba ser considerado como tal, y por lo tanto tenido en cuenta por una institución; sobre cuándo se considera que existen motivos bastantes para explorar un plan, aunque se recele de él y termine por ser rechazado. Desde luego, el listón establecido en este caso es inusualmente alto y contradice además no pocas actuaciones institucionales de múltiples colores políticos -también los de la coalición gobernante en Azpeitia- que habitualmente han aceptado gustosamente sondear iniciativas industriales en fases aún más incipientes.
Obviamente, lo antedicho no indica posición alguna en torno al espinoso tema de Corrugados. Tengo la sensación, además, de que si fuera vecino de la localidad del Urola tal vez estaría más cerca de no apoyar la reapertura en esa ubicación que de apoyarla. Lo que trata uno de explicar es que una causa, por muy legítima y razonable que sea, puede debilitarse mucho si algunos argumentos que se utilizan para defenderla, amén de la jerarquía que se les otorga a estos en el razonamiento general, se demuestran no excesivamente rigurosos.
