n el contexto de las últimas divergencias surgidas en el seno del gobierno de coalición al respecto de la nueva Ley de Vivienda, el Sr. Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, declaraba su preocupación por “castigar al propietario”, al señalarse la necesidad de que el gobierno regule los precios de los alquileres. Qué gracioso sonaría esto si no se dijera en serio. El Sr. Ábalos muestra más sensibilidad hacia los “pobres” propietarios que hacia las personas y familias que a duras penas pueden costearse un alquiler; o hacia aquellas a quienes hoy, en plena pandemia, se continua dejando de patitas en la calle, ya que los desahucios, a pesar de lo prometido, no se han detenido. Unos propietarios (particulares o empresas) a quienes con cinco inmuebles en propiedad el Ministerio se resiste a considerar “grandes propietarios”, ya que, al parecer, aquí cualquiera posee cinco pisos, como quien tiene cinco libros o cinco toallas. Cabría preguntarse si no influirá en este celo protector la existencia de ciertas conexiones con el sector, como el hecho de que la asociación de propietarios de viviendas de alquiler esté presidida por Joan Clos, exministro socialista. Urge regular los precios del alquiler y no solo incentivar fiscalmente a los propietarios. Hay que poner límite al precio de las casas porque la gente de a pie cada vez más difícilmente podemos encontrar un lugar donde vivir. Así lo demuestra, entre otros, el brutal proceso de gentrificación que está despoblando los centros de nuestras ciudades, o el hecho de que en poblaciones como Donostia o Barcelona el precio de alquiler medio asciende a 880 y 1.005 euros, respectivamente, al tiempo que el salario mínimo interprofesional es de 1.108 euros mensuales.La obligación de un gobierno que se llame a sí mismo de progreso es aprobar y cumplir leyes justas que protejan los derechos básicos de toda la ciudadanía, especialmente los de las personas y colectivos más vulnerables. Así pues, señor ministro, sea valiente y haga de una vez su trabajo, que es cumplir con el derecho básico (y, por cierto, también constitucional) a una vivienda digna para todas las personas. Marta Pérez Arellano