La primera quincena de septiembre se sabrá en la Comisión Mixta del Concierto, las consecuencias del acuerdo alcanzado sobre la senda del déficit y la capacidad de endeudamiento de las instituciones vascas. Previo al acuerdo alcanzado entre los gobiernos Central y Vasco, los consejeros Tapia y Azpiazu se mostraron partidarios de bajar los sueldos a empleados y funcionarios públicos vascos. El COVID, ha traído una crisis sanitaria mundial, que ha paralizado todo el sistema productivo con consecuencias imprevisibles para la economía. En éste contexto de incertidumbre y a la espera de que en otoño no se cumplan los presagios epidemiológicos de una posible nueva ola de la pandemia, no parece normal que desde el Gobierno Vasco en vez de incentivar a sus sanitarios de Osakidetza, les adviertan de una posible rebaja en sus nóminas. Una empresa sin pedidos y con las máquinas productivas paradas, de poco o nada le sirve bajar los sueldos a sus empleados, más allá de parchear la situación de coyuntura. Si el gobierno cree que bajando los sueldos con carácter general va a incentivar la economía, equivocado será el diagnóstico. La ciudadanía todavía no se había recuperado de la anterior crisis y volver a perder capacidad adquisitiva supondría un retroceso importante que afectaría a todos los sectores: pequeño comercio, bares, hostelería, etcétera que viven de las ventas de los productos a sus paisanos.
