EL Informe sobre el análisis y el funcionamiento institucional de la Comunidad autónoma de Euskadi, aprobado ayer por el Consejo del Gobierno Vasco, determina una doble realidad. Por un lado, constata la validez de un entramado institucional que ha permitido un mejor desarrollo en todos los ámbitos y en especial, como se confirma en tiempos de crisis, en el aspecto socioeconómico. Así, sin negar que en ocasiones se pueda producir una multiplicidad -que se debe coordinar- en los servicios proporcionados al ciudadano por los distintos niveles administrativos que confluyen en la Comunidad Autónoma Vasca, conviene reseñar que dicha multiplicidad se ha venido dando muy mayoritariamente en ámbitos concretos y especialmente necesarios de atención pública. Ya el anterior Informe sobre duplicidades e ineficiencias en las Administraciones Públicas Vascas, elaborado por el Gobierno socialista en octubre de 2011, situaba el 76% de las mismas en las políticas de impulso económico, servicios sociales y empleo y formación; quizás porque, como el mismo informe señalaba, en Euskadi históricamente se han abordado "proyectos estratégicos de país priorizando el resultado sobre el estricto respeto al reparto competencial", prioridad que en aspectos como la reactivación económica, la atención social o el empleo goza sin lugar a dudas de un incontestable respaldo social y que, a la vista está si se compara con la situación estatal, ha producido resultados. Dicho esto, la realidad que retrata el informe aprobado ayer por el Consejo de Gobierno tiene un segundo plano, el de las duplicidades que se producen por la intervención de la Administración estatal en aspectos de competencia exclusiva de la CAV en virtud de la legalidad que emana del Estatuto de Gernika. La más evidente hoy es la que se produce por la presencia de miles de agentes de la Guardia Civil y la Policía en labores que corresponden en exclusividad a la Ertzaintza, pero existen otras por intervenciones del Estado, mediante la aprobación de legislación básica o la simple inobservancia de la legalidad estatutaria, en sectores como el turismo, la industria, la fiscalidad... que coinciden en provocar desarreglos y su consiguiente repercusión negativa en la buena administración de los recursos públicos.