El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni mantiene el pulso con las ONG que socorren personas en el Mediterráneo, al efectuar un segundo desembarco selectivo, el de la nave de Médicos Sin Fronteras (MSF), mientras que SOS Humanity recurrió ante la Justicia el decreto que solo permite que abandonen las naves los más vulnerables.
Un total de 357 personas, en su mayoría mujeres y niños, pudieron abandonar el Geo Barents, de MSF, en el puerto de Catania (Sicilia, sur), mientras quedaban en el barco 215 náufragos, según los medios, y que, a tenor de las nuevas disposiciones del Gobierno, debían abandonar las aguas territoriales italianas.
Se trata del segundo barco que es obligado a desembarcar selectivamente tras el alemán Humanity 1, de la organización humanitaria SOS Humanity, de la que desembarcaron el domingo 144 migrantes, sobre todo mujeres y niños, mientras que 35 tuvieron que seguir a bordo.
El capitán del Humanity 1, Joachim Ebeling, se negó después a seguir las indicaciones de las autoridades y dijo que no zarpará hasta que no hayan bajado todos los rescatados, confirmaron a Efe fuentes de su entorno.
La estrategia del Gobierno de Meloni obedece a un decreto firmado el pasado viernes por los ministros de Interior, Matteo Piantedosi; de Defensa, Guido Crosetto, y de Infraestructuras, Matteo Salvini, impulsor de la doctrina de puertos cerrados entre 2018 y 2019, por la que de hecho está siendo juzgado actualmente.
La principal reivindicación italiana es que los países de bandera de estas naves –Alemania y Noruega– se impliquen en la acogida, mientras que el papa Francisco, preguntado ayer en el vuelo de regreso de su viaje a Baréin, llamó a la Unión Europea (UE) a una política migratoria consensuada con todos los países porque “el Mediterráneo se ha convertido en el mayor cementerio del mundo”.
Obligación legal
En este contexto, la Comisión Europea recordó ayer al Gobierno italiano que los países de la Unión Europea tienen el “deber moral” y la “obligación legal” de socorrer a los migrantes en alta mar, independientemente de las circunstancias en que estas personas llegaron hasta ahí, al tiempo que ha recalcado la importancia de encontrar cuanto antes un lugar seguro donde desembarcar en cada caso a los rescatados.
“Reiteramos una vez más que es tanto un deber moral como legal el salvar vidas en alta mar y también una obligación del Derecho internacional que los estados miembros deben cumplir”, indicó la portavoz comunitaria de Migración, Anitta Hipper, tras ser preguntada en una rueda de prensa en Bruselas por las reservas del Ejecutivo de Giorgia Meloni a permitir el desembarco en puertos italianos de migrantes rescatados.
La portavoz afirmó que la Comisión Europea celebra la señal a última hora del pasado domingo del Gobierno italiano de autorizar que “personas vulnerables” desembarquen, si bien recordó que hay varios buques que han solicitado poder llevar hasta sus puertos a otras personas rescatadas en alta mar y siguen a la espera de respuesta.
El Ejecutivo comunitario “no es responsable de la coordinación de los detalles” en operaciones de salvamento marítimo “ni de identificar el lugar” en que los rescatados deben ser desembarcados, insistió Hipper, para explicar que Bruselas no señale a ningún Estado miembro.
Con todo, añadió, los gobiernos europeos deben cumplir con el Derecho internacional que obliga a prestar auxilio a las personas a la deriva en alta mar y señaló la importancia de “todo esfuerzo para minimizar el tiempo” en que estas personas permanecen en los barcos sin poder llegar a tierra.
Bruselas es consciente de que el lugar para el desembarco dependerá de cada caso, en función de las circunstancias específicas de cada situación, pero también “alienta a todas las autoridades relevantes a cooperar entre ellas” para ofrecer a las embarcaciones con migrantes a bordo un puerto “adecuado”.
