- El Congreso de El Salvador decretó ayer el régimen de excepción para tratar de frenar un “incremento desmedido” de los asesinatos, que ha puesto en jaque la estrategia gubernamental de seguridad con 76 asesinatos en dos días, record criminal en la historia reciente del país. El Gobierno de Nayib Bukele pidió al Congreso decretar dicha medida a raíz de las “graves perturbaciones del orden público” generadas por las maras.
La medida fue aprobada con los votos de 67 diputados de 84 durante una sesión plenaria extraordinaria convocada por el líder de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, a solicitud del presidente Bukele. Los diputados avalaron la suspensión de la libertad de asociación, derecho de defensa e inviolabilidad de la correspondencia. “He sancionado (firmado) y publicado en el Diario Oficial, el decreto de régimen de excepción, el cual entra en vigencia este mismo día y tendrá una validez de 30 días”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.
Además, se suspendió la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones sin autorización judicial y se amplió el plazo de detención administrativa a quince días, cuando normalmente es de 72 horas.
El Salvador registró el pasado sábado el día más violento de su historia reciente con 62 asesinatos en medio de una escalada iniciada el viernes, según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC). La mayoría de homicidios fueron perpetrados en los departamentos de La Libertad (12) y San Salvador (9). El alza de asesinatos de este fin de semana, atribuida a la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), se cobró la vida de 76 personas en dos días, con los catorce del viernes.
La ola de violencia llevó a las autoridades a declarar una “guerra contra las pandillas”, como lo hizo el antecesor de Bukele en el gobierno, el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén. “No retrocederemos en esta #GuerraContraPandillas, no vamos a descansar hasta capturar y llevar ante la justicia a los criminales responsables de estos hechos”, publicó la Policía en su cuenta de Twitter.
Esta etiqueta de “guerra” ha sido adoptada por funcionarios del Gobierno, como el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
La Policía y el Ejército intensificaron las patrullas, según informó el Gobierno para intentar controlar la ola de asesinatos. Los elementos de Seguridad fueron desplegados en diferentes colonias populosas del país, en zonas de bares y, de acuerdo con información de la Policía, se capturó a cuatro supuestos líderes de la pandilla MS13, acusados de “ordenar” la escalada de asesinatos.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones de este país centroamericano
El investigador Juan Pappier, miembro de la división para las Américas de Human Rights Watch (HRW), señaló ayer que su organización “monitorea” con “preocupación” el aumento de los homicidios. “Estamos monitoreando, con preocupación, el grave aumento de homicidios en el país. Urge que el gobierno proteja a la población con medidas sostenibles y respetuosas de los DDHH”, publicó Pappier en Twitter. Apuntó, además, que “la política de seguridad debe estar siempre dentro del Estado de derecho”.
En noviembre de 2021, el país también registró un alza repentina de los homicidios que dejó más de 40 asesinatos en tres días. Entonces, el presidente Bukele aseguró que el aumento de los asesinatos estaba relacionada con una supuesta ruptura de una “tregua” con las pandillas. Según Bukele, la violencia obedece a “fuerzas oscuras que están trabajando para que volvamos al pasado” y aseguró que “no lo vamos a permitir”.
