- Los promotores del proyecto para construir 118 viviendas de baja densidad en Basozabal han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) la paralización de su plan por parte del Ayuntamiento de Donostia. El Gobierno municipal, en realidad, dio la aprobación inicial a este plan parcial a finales de 2017, aunque después no continuó con su tramitación. El silencio administrativo posterior constituye, de hecho, la desestimación del proyecto, ya que la aprobación inicial queda anulada al no haberse continuado con la tramitación en los plazos previstos y no haber procedido a su aprobación provisional y definitiva.
Por eso, los promotores del proyecto presentaron un recurso el pasado mes de agosto contra ese silencio administrativo del Ayuntamiento y la sala de lo contencioso-administrativo lo admitió a trámite en septiembre. Ahora, el juzgado ha solicitado al Consistorio información sobre el expediente y el Gobierno municipal aprobará hoy mismo encomendar a sus servicios jurídicos la defensa del acto impugnado. El próximo Pleno deberá ratificar esta decisión y volverá a poner sobre la mesa el debate en torno a este proyecto urbanístico en la zona de Miramon.
Tal y como informó este periódico a principios de 2019, el Gobierno municipal, que en principio no veía con malos ojos el plan, decidió paralizar la tramitación tras recibir distintos informes técnicos contrarios al proyecto que impedían que siguiera avanzando.
El desarrollo residencial junto al campo de golf (el plan parcial incluye, además, la ampliación del espacio deportivo con nueve hoyos más) está previsto en el Plan General de Ordenación Urbana en vigor, de 2010. El proyecto prevé, concretamente, la creación de las 118 viviendas en un solar de más de 37.000 metros cuadrados que se sitúa en la ladera de Miramon, junto al camino de Goiaz Txiki y mirando hacia la autovía del Urumea. Las viviendas, de 85 metros cuadrados de media, estarían repartidas en cuatro parcelas y los edificios tendrían una altura de alrededor de once metros. El Consistorio donostiarra ingresaría cerca de cuatro millones de euros en caso de que autorizara esta nueva urbanización.
La idea de este desarrollo residencial lleva más de una década sobre la mesa del Ayuntamiento de Donostia. En un primer momento, el proyecto fue rechazado por la Diputación, por la viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y por el Tribunal Superior de Justicia en el País Vasco en 2008, a pesar del apoyo del Ayuntamiento, que incluyó ese desarrollo urbanístico, con algunos cambios, en el Plan General de 2010, actualmente en vigor. Esas modificaciones permitieron entonces el apoyo de la Comisión de Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, que en esa ocasión sí avaló la propuesta.
Tras algunos vaivenes, se paralizó la legislatura 2011-2015 (durante el Gobierno de Bildu) y resurgió de nuevo en 2017, con la citada aprobación inicial por parte del Gobierno municipal formado por PNV y PSE-EE, aunque después la tramitación se paralizó por los citados informes negativos recibidos. Podemos, Ezker Anitza-IU y Equo Berdeak presentaron alegaciones al plan y EH Bildu también mostró su oposición.
Los grupos contrarios al proyecto recordaron que el criterio de sostenibilidad es contrario a la creación de nuevos espacios residenciales en zonas verdes y a artificializar nuevos suelos. Otra de las críticas al proyecto es que la urbanización de Basozabal consumiría mucho suelo para pocas viviendas y que crearía una isla residencial rodeada de zonas verdes, sin acceso peatonal ni de transporte público.
