- Decenas de personas secundaron ayer la concentración convocada por Stop Desahucios para exigir la paralización del proceso de desahucio de Victoria Noriega, vecina jubilada de una de las VPO de Benta Berri, propiedad ahora del fondo buitre Testa Socimi-Blackstone, y su reubicación en un piso más pequeño que sí pueda pagar. El juzgado ha convocado el juicio oral del caso para el próximo martes y el desahucio para el 9 de septiembre.
Noriega, de 63 años, cobra una pensión complementada con la RGI y lleva más de 20 años en su piso de Benta Berri, pero en la actualidad no puede hacer frente a los 800 euros de alquiler. Blackstone presentó la demanda de desahucio tras el impago de cuatro cuotas a finales del año pasado.
Noriega explicó que lleva tiempo pidiendo a los propietarios que le cambien su vivienda por otra más pequeña (ahora vive sola y no necesita un piso tan grande) y, por lo tanto, con un alquiler que sí pueda afrontar. Pero no ha obtenido respuesta. También contó que ahora se ha ofrecido a pagar la deuda contraída, de unos 3.000 euros, pero la firma no le responde. "Solo quieren llegar a juicio", denunció.
"Ni ha retirado la demanda, ni la ha reubicado", denunció ayer Rosa García, portavoz de la plataforma Stop Desahucios, que afirmó que tienen constancia de que sí existen en la promoción de Benta Berri varios pisos pequeños libres con un alquiler de alrededor de 450 euros en los que poder reubicarla. La plataforma se ha dirigido a Blackstone en varias ocasiones indicando qué pisos están libres y pidiendo esa reubicación, y también a la delegación de Vivienda del Gobierno Vasco, ya que considera "inadmisible" que Lakua no controle las adjudicaciones de las viviendas protegidas y que sean los propietarios actuales "quienes deciden a dedo quién entra a vivir, seguramente priorizando su capacidad económica".
La propia Noriega ha acudido también al Ayuntamiento de Donostia, que está en estos momentos intentando mediar y ponerse en contacto con Blackstone, aunque de momento Noriega sigue a la espera y la fecha del juicio se acerca.
El caso de las 510 viviendas protegidas de Benta Berri es complejo, ya que pese a ser una promoción de VPO de alquiler en 1998, el Gobierno Vasco dejó en manos de la promotora la gestión de las viviendas y ésta se las vendió a Testa Socimi en 2016 y Blackstone en 2018. El suelo es propiedad del Gobierno Vasco y los dueños de los pisos están obligados a mantener las condiciones de alquiler hasta 2028, pero a partir de ahí las viviendas serán libres y los inquilinos temen que Blackstone suba considerablemente las rentas.
Agrupados en la asociación Alokairu, los inquilinos llevan años demandando que se afiance su situación y denunciando que en ocho años podrían tener que dejar sus casas una vez que pasen al mercado libre.
Stop Desahucios denunció, asimismo, la actitud mostrada hasta ahora por el fondo buitre, "interponiendo demandas de desahucio por impago de alquileres a vecinos en situación de vulnerabilidad ante los primeros impagos, como es el caso de Victoria, o enviando en plena pandemia cartas intimidatorias a los que, por el confinamiento, no habían podido abonar el mes de abril, a pesar de estar estas viviendas incluidas por el Gobierno Vasco en el catálogo de viviendas sujetas a exoneración de rentas como consecuencia de esta crisis, por ser VPO".
"El fondo buitre nos muestra con este desahucio cómo actúa con los inquilinos vulnerables y cómo actuará cuando finalicen en 2028 los alquileres protegidos e imponga precios especulativos", censuró García.
Noriega agradeció su apoyo a la plataforma y a todos los que secundaron la concentración de ayer y confesó sentirse arropada. "Si hace falta, impediremos el desahucio con un piquete", declaró García, Tambor de Oro de la ciudad el año pasado.
Junto a inquilinos de las viviendas de Benta Berri estaban ayer en la concentración, además de representantes sindicales y de EH Bildu y Elkarrekin Donostia, vecinos de pisos comprados por Azora, como Ingrid Flores, de 39 años. Vive con su marido y su hijo en un piso de la calle Salud, adquirido recientemente por el fondo de inversión Azora (propietario de 320 viviendas en la ciudad).
Flores trabajaba como empleada doméstica y se quedó en paro en abril, por lo que es "víctima directa de la pandemia", declaró García, que añadió que puede acogerse al decreto 11/2020 para que le condonen las rentas de mayo y junio que no ha podido pagar. Sin embargo, Azora "ha optado" por el prorrateo de las cuotas impagadas hasta que finalice su contrato, denunció Stop Desahucios.
"Me he ofrecido a pagar los 3.000 euros de deuda, pero no contestan, quieren ir a juicio"
Inquilina de las VPO de Benta Berri
