El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación que presentó el Ayuntamiento de Donostia hace un año, poco después de que Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anulara la Ordenanza de Pisos Turísticos aprobada en 2018 para regular este tipo de alojamiento para visitantes.

El tribunal vasco consideró entonces que la herramienta de la ordenanza municipal elegida por el Consistorio para ordenar la existencia de los pisos turísticos no era la adecuada por insuficiente, por lo que anuló la reglamentación.

Por ello, y ante la posibilidad de que otros tribunales siguieran la misma tónica, el Consistorio dio comienzo a una modificación de las Normas Urbanísticas del Plan General con el fin de que las directrices de la normativa sobre los pisos turísticos quedasen integradas en una reglamentación superior, como sugería el TSJPV.

Así, en el mes de febrero de 2020 tuvo lugar una aprobación inicial de la modificación, a la que siguió otra provisional en diciembre. Falta ahora el pronunciamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, tras lo que el Ayuntamiento prevé dar la aprobación definitiva a las nuevas Normativas Urbanísticas en marzo, según informaron fuentes municipales.

"No se está cuestionando el contenido, sino la forma", dijo este lunes el Ayuntamiento, que añadió que ha actuado "en consecuencia a lo solicitado por la sentencia del TSJPV y ha impulsado la tramitación necesaria para dotar al asunto del rango jurídico superior necesario".

El grupo municipal de EH Bildu, que dio a conocer ayer la providencia del Tribunal Supremo que no admite a trámite el recurso de casación presentado por Ayuntamiento, recalcó que ahora no ha lugar a un nuevo recurso al Supremo.

EH Bildu consideró que la situación implica que la Ordenanza de Pisos Turísticos ha quedado anulada en la actualidad y que la normativa en vigor en Donostia es la que existía antes de la citada normativa, es decir, que solo se autorizaban pisos turísticos encima de primeras plantas u otras donde no hubiera viviendas, principalmente.

"La situación legal de los centenares de pisos turísticos que no cumplían esta norma de la primera planta y que fueron legalizados por la nueva ordenanza del PNV-PSE es ahora extremadamente complicada", dijo EH Bildu, que calificó la situación de "chapuza jurídica". Asimismo, la coalición precisó que "la fecha de la providencia es de 21 de enero, sin que el alcalde Goia haya querido dar explicaciones, hasta la fecha, a los grupos municipales y a la ciudadanía, a pesar de la transcendencia de la misma".

La coalición soberanista ya presentó enmiendas a la modificación de las Normas Urbanísticas del Plan General en las que, por ejemplo, pedía que se prohibiera la creación de más pisos turísticos también en Gros y en el Centro y no solo en la Parte Vieja. La enmienda fue rechazada.

"NO TIENE EFECTOS PRÁCTICOS"

Por su parte, el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi (Aparture), Asier Pereda, manifestó a este periódico que la situación "no tiene efectos prácticos" ya que, en breve, las directrices de la ordenanza anulada quedarán incluidos dentro del Plan General.

"El Ayuntamiento de Donostia fue muy precavido y en cuanto el TSJPV anuló la ordenanza recurrió a los tribunales superiores pero, además, inició el procedimiento para que la regulación tuviese seguridad jurídica incluyéndola en las Normas Urbanísticas del Plan General".

Asimismo, Pereda señaló que el Consistorio donostiarra "fue pionero en este asunto y abrió camino", por lo que no se mostró preocupado por la situación en la que pueden estar los pisos turísticos legalizados en base a la citada ordenación, que por ahora estaría anulada.

Además del recurso de casación que presentó el Ayuntamiento ante el Supremo, también presentó otro contra la sentencia emitida por el TSJPV, que no ha sido contestado.