“Las infracciones son tan aisladas que ni siquiera tenemos estadísticas”

Sin embargo, tanto él como los técnicos de la entidad no ocultan su enfado por estos dos casos “flagrantes”: dos inquilinos de apartamentos para jóvenes situados en el paseo de los Pinos de Aiete publicitaban sus viviendas en Internet y las alquilaban a turistas. 84 euros la noche, ofrecían incluso desayuno en un alojamiento “a quince minutos de la playa”. Fue una vecina la que alertó a Etxegintza del primer caso y esta, al comprobar que la infracción parecía real, pidió ayuda a la Guardia Municipal, que acudió a la vivienda y se encontró a dos turistas, igual que en el segundo caso denunciado. A ambos se les ha rescindido el contrato por incumplimiento grave y les han dado quince días para dejar la vivienda. Además, se enfrentan a una multa de entre 3.000 y 20.000 euros.

En este mismo bloque estos días ha habido dos denuncias más de vecinos: uno todavía se investiga y el segundo parece que está en regla. Antes de estos dos casos, solo habían detectado otro similar, hace varios años, en Pagola. Son tres casos en un parque de 1.887 viviendas protegidas de alquiler, que incluyen las viviendas sociales y los apartamentos dotacionales para jóvenes y mayores.

Podría haber alguno más, pero Farias confiesa que encontrarlos es una tarea “muy complicada”: los anuncios que los publicitan en las webs no detallan la dirección concreta de los pisos, solo cuelgan fotos de interiores, “como un salón con muebles de Ikea que puede ser de cualquier vivienda de la ciudad”, y tampoco se da a conocer el apellido de quien lo alquila. Han acudido a una empresa informática, pero lo cierto es que es prácticamente imposible poder poner algún filtro para detectar si alguno de los centenares de pisos que se ofrecen en Donostia a los turistas es protegido. Aunque Etxegintza sigue rastreando las webs más habituales de apartamentos vacacionales, incide en la importancia de la colaboración ciudadana y las denuncias de vecinos si comprueban que hay infracciones.

Al margen de estos casos, entre los incumplimientos que han llevado a Etxegintza a rescindir el contrato con los arrendatarios antes de tiempo las más comunes son el subarriendo de parte o toda la casa a terceros, aunque tampoco son frecuentes. En un plazo de dos años, los técnicos contabilizaron once rescisiones de contrato.

renovaciones Farias quiere dejar claro, de todos modos, que una cosa son las infracciones, que pueden ser leves o graves y solo a veces suponen la rescisión del contrato, y otra es que los contratos no se renueven porque cambia la situación del inquilino y deja de cumplir las condiciones requeridas. En la actualidad, poco más de 10% de los contratos que se revisan obligan al arrendatario a dejar su vivienda por no cumplir los requisitos (normalmente, por ingresar más dinero que el límite de 39.000 euros establecido, que es de 25.000 en el caso de viviendas sociales).

Sin embargo, no fue hasta hace unos años cuando se comenzó a revisar sistemáticamente la situación de los inquilinos antes de renovar sus contratos, lo que reveló que sí existían irregularidades sobre todo en las promociones más antiguas, algunas de ellas de los años 90, como la de la plaza Lasarte de Errotaburu, donde no hubo revisiones en 20 años. Los responsables de Etxegintza recuerdan que en esos primeros años la entidad no tenía recursos para hacerlo y aunque los contratos eran para cinco años, los inquilinos seguían en ellos porque ninguna de las dos partes los extinguía. En una primera revisión en 190 pisos con los contratos vencidos realizada a principios de 2014, fueron una veintena de familias las que tuvieron que abandonar las casas por dejar de cumplir los requisitos.

Las revisiones actuales permiten, asimismo, adecuar la renta a los ingresos de los arrendatarios, como exige la ley desde 2011, excepto en el caso de los apartamentos para jóvenes, por los que se pagan 241 euros mensuales (además de los gastos).

Aunque haya excepciones, Etxegintza revela que tras saber que se generalizaban las revisiones, la mayoría de inquilinos colabora y comunica si ha recibido herencias o ingresos extraordinarios. Aunque como en todas partes, hay picaresca y algún caso de inquilinos que han estudiado incluso reducirse la jornada laboral para no sobrepasar el límite de ingresos y poder permanecer en su casa.

limitados Al margen de la revisión de la situación de los inquilinos cada tres años (esa es la vigencia de los actuales contratos de alquiler), los controles que puede realizar Etxegintza son limitados. Por un lado, está el control formal, el que pueden hacer desde la pantalla del ordenador cotejando datos del padrón, de consumos de agua o luz o de Hacienda si es necesario. Pero no pueden hacer inspecciones sin autorización. “Primero está el derecho a la vivienda”, insiste Farias, que reconoce que tampoco valen las acusaciones que puedan hacer vecinos si no se ve que están fundamentadas o no se concretan, “como decir que el vecino tiene un Audi que resulta que es de tercera mano o que desayuna en el bar todos los días y deducir sin más que por eso tiene más ingresos de los permitidos”.

Recuerda, asimismo, que hasta ahora Etxegintza no podía sancionar las infracciones y que le correspondía al Gobierno Vasco hacerlo. Con la nueva Ley de Vivienda sí puede multar en el caso de apartamentos dotacionales. De todos modos, Etxegintza y el Gobierno Vasco colaboran en ese sentido y hay buena comunicación entre las dos administraciones.

Otras personas. La normativa no prohíbe que se aloje en casa a familiares o a amigos, pero sí el subarriendo y que se cobre por alquilar una habitación o toda la casa. La norma actual también permite que el adjudicatario deje de forma temporal su vivienda si es por una causa justificada.

Parque. En la actualidad Etxegintza gestiona un parque de 1.887 viviendas protegidas de alquiler, entre las que se encuentran viviendas sociales y los apartamentos dotacionales para jóvenes y mayores.

Renovaciones. Alrededor del 10% de los inquilinos tienen que abandonar las casas al revisar su contrato por no seguir cumpliendo los requisitos. Normalmente es porque superan los ingresos máximos.

Rescisiones. En un plazo de dos años, Etxegintza rescindió once contratos antes de tiempo por infracciones como subarrendar parte o toda la vivienda o trabajar en ella.

Inspecciones. Etxegintza no puede hacer inspecciones en persona en sus viviendas sin autorización, aunque sí realiza controles formales a partir de datos informáticos como el empadronamiento, los consumos o los ingresos.

Uso turístico. Es muy complejo detectar si entre las casas que se ofrecen a turistas en Internet hay pisos protegidos debido a que en la mayoría de los casos no se identifica ni a quien los alquila ni la ubicación ni fachada de la vivienda.

Colaboración. Los técnicos inciden en que la colaboración ciudadana es fundamental para denunciar casos graves de incumplimiento, aunque apuntan que las denuncias deben estar fundadas y no valen acusaciones abstractas.