Donostia. Un centenar de vecinos de Igeldo se concentraron ayer en la plaza de Gipuzkoa, frente a la sede de la Diputación Foral, para reclamar su independencia y convertirse de esa manera en el 89º municipio de Gipuzkoa. Exigían a la Diputación Foral, la encargada de resolver su expediente de segregación, una respuesta favorable que desvincule a este pequeño núcleo rural de poco más de 1.000 habitantes del Ayuntamiento de Donostia. Una petición que, según Herri Kontseilua, el colectivo encargado de defender los intereses vecinales de Igeldo, "cuenta con el apoyo mayoritario de sus habitantes".
La concentración se produjo en el mismo lugar y día que el diputado general del territorio, Markel Olano, había elegido para protestar contra la decisión del Tribunal Supremo de hacer ondear en la sede foral la bandera española. Una "imposición", que, según el propio Olano, "va en contra de la voluntad mayoritaria de los guipuzcoanos". Los vecinos de Igeldo concentrados ayer en la plaza de Gipuzkoa para pedir su segregación de Donostia utilizaron ese mismo argumento ayer y pidieron "respeto a la voluntad mayoritaria de Igeldo". Lo hicieron vestidos de verde, en silencio, tras una gran pancarta que reclamaba su conversión en el 89º municipio del territorio -en la actualidad hay 88- y durante 40 minutos.
Una hora antes de su cita, convocada a las 12.00 horas, algunos miembros de este colectivo acudieron a la manifestación convocada por Olano y entregaron pasquines explicando su reivindicación. La respuesta de la Diputación Foral sobre el expediente de segregación "se espera para el martes", según confirmaron ayer a este periódico miembros de Herri Kontseilua.
quince años de batalla El pasado 27 de noviembre se cumplieron quince años desde el primer referéndum en el que cerca de un 60% de los adultos censados en Igeldo mostraron su voluntad de separarse de Donostia. Poco después, en febrero de 1995, se inició un proceso administrativo de segregación.
Esta petición ha contado siempre con la oposición del Ayuntamiento de Donostia, que argumentó la falta de viabilidad económica del barrio como principal fundamento contra la segregación. Esta tesis, por contra, fue rebatida por otro informe encargado por Herri Kontseilua a una auditora que avalaba la viabilidad económica de un supuesto Igeldo independiente.
La actual ley establece que para obtener el derecho a ser un pueblo se requiere un mínimo de 2.500 habitantes. Sin embargo, este texto fue elaborado con posterioridad a la solicitud de Igeldo y, por tanto, no sería aplicable. Así lo han reconocido los tribunales. Por tanto, la solicitud efectuada en 1994 por Igeldo se regiría por la anterior ley, que no exigía una población mínima.
