El BOE ha declarado esta semana como Zona de Mercado Tensionada (ZMT) a Donostia, además, de otras localidades como Iruñea, con lo que se elevan a 301 municipios en todo el Estado los que ya tienen límites para el alquiler en cuatro comunidades autónomas incluyendo los de Catalunya, que fue pionera en esta medida que, ante todo, limita la capacidad de incrementar los precios de los nuevos contratos de arrendamiento. El sistema estatal para contener los precios de los alquileres en zonas donde las subidas de los precios han sido especialmente elevadas en los últimos años se puso en marcha por ley en 2023. El Gobierno español anima a otras comunidades para que sigan la senda, asegura que el precio ha bajado en Catalunya un 4,7% y en Barcelona un 8,9%. El tiempo dirá –son tres años– si la medida, más que necesaria sin duda en la mayoría de ciudades, tiene efectos a medio y largo plazo ante unos precios desorbitados. Favorece a los inquilinos pero también a los pequeños propietarios que respeten los nuevos topes y que recibirán beneficios fiscales que pueden resultar claramente compensatorios. Aunque los críticos apuntan al riesgo a que algunos propietarios retiren sus viviendas del mercado para evitar controles y se disparen aún más los precios, el nuevo Índice de Precios aprobado por el Ministerio está calculado sobre los datos que trasladan, en este caso, las haciendas forales sobre contratos ya registrados y con un margen amplio de precios. Tensionar el mercado es una herramienta más. Sin duda, no es la panacea dada la escasez de viviendas, especialmente de vivienda pública. Y no es la única alternativa. La CAV planea una gran reserva de suelo público para poder construir más. Tanto la CAV como Navarra llevan años implementando diferentes medidas para favorecer el acceso a la vivienda como las ayudas a la emancipación, acuerdos con ayuntamientos para movilizar suelo y vivienda o la apuesta por la colaboración público-privada. Intervenir en el mercado del alquiler tiene más trasfondo. El Gobierno Vasco dice que habrá sanciones para quien ofrezca su vivienda para uso turístico en las ZMT, y Navarra prevé vigilar contrato por contrato (todos deben estar inscritos en el registro público). Vigilancia pero también responsabilidad ante un problema que es la principal brecha social en comunidades prósperas.