El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, que dirige Nerea Melgosa, realiza una Encuesta muy útil para constatar la realidad de la población de origen extranjero en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y liberarnos de prejuicios e intereses ideológicos a la hora de abordar el asunto de la inmigración. La estadística permite positivar la imagen proyectada en negativo por los debates interesados en torno a este asunto. No cabe ocultar que, el de la inmigración, es un reto para la gestión social, la convivencia y el bienestar colectivo. Un reto, pero no un problema. Más aún en el marco de una situación demográfica que limita la sostenibilidad del modelo de bienestar del que nos hemos dotado, precisamente por falta de capital humano. Es especialmente significativo el hecho de que al nivel de ocupación que el colectivo de extranjeros presenta en Euskadi es diez puntos superior al de la población autóctona –62,6% de tasa de actividad frente al 51,8%–. Esto está muy relacionado con su edad y el grado de inserción laboral que, no obstante, debido al bajo nivel de formación, mantiene en un 19% la tasa de paro del colectivo. Estos datos describen un capital humano que puede ser una riqueza para la sociedad pero también obliga a acometer su formación en destino para lograr su inserción laboral en los ámbitos de demanda. Más allá de la evidencia de que los empleos de menor cualificación hallan en estas personas un caudal de recursos, debe potenciarse su inserción en ámbitos de mayor valor añadido; para ellos y para el conjunto de la sociedad. La encuesta aporta datos intuidos –en relación al origen mayoritariamente latinoamericano de los extranjeros llegados a la CAPV, a la preeminencia de mujeres, al incremento de llegadas en la última década hasta constituir el 12,6% de la población (más de 277.000 personas), etc–, pero también otro clarificadores. Entre estos, el que desmiente la percepción de una masiva irregularidad: un 92% dispone de permiso de residencia y/o contrato laboral. Las personas extranjeras señalan su voluntad de permanecer en Euskadi –un 96% para no menos de cinco años–. Es un caudal humano que debe mejorar su calidad de vida y el del conjunto del país con mecanismos integradores; sin señalamientos ideológicos.