Las víctimas del amianto podrán pedir desde mañana el certificado para recibir ayudas

Las víctimas del amianto podrán solicitar desde mañana el certificado necesario para acceder a las ayudas económicas previstas en el fondo de compensación creado para reparar los daños a su salud causados por la exposición a ese material. El Departamento vasco de Salud ha informado de que estos trámites pueden iniciarse en Euskadi tras la firma este miércoles por parte del consejero, Alberto Martínez, de la orden que crea el Equipo de Valoración del Amianto.

Emisión de certificado

Este órgano se encargará de redactar el dictamen que servirá de base a la Dirección de Salud Pública para emitir el certificado que acredite las patologías derivadas de la exposición a ese material de los posibles beneficiarios de las ayudas. La orden se publica mañana en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), lo que abre ya la posibilidad de presentar las solicitudes de ayudas, tanto electrónicamente, a través del portal www.euskadi.eus, como de forma presencial en las sedes de Zuzenean.

El Equipo de Valoración está compuesto por un técnico en Salud Pública, una médico de Osalan experta en Salud Laboral, y una tercera persona, técnica de Salud Pública y experta en Salud Ambiental. Este grupo examinará la solicitud y documentación aportada, con el fin de comprobar el cumplimiento del criterio sobre el origen de la exposición al amianto, de cara a la posterior emisión del certificado requerido para la concesión de las compensaciones económicas, que tramita el Instituto Nacional de Seguridad Social.

La orden establece un plazo para la tramitación del procedimiento de tres meses desde la fecha en que se registre la solicitud.

Indeminizaciones mejores

Por su parte, asociaciones de afectados y los sindicatos UGT y CCOO han reclamado mejoras en las indemnizaciones para las víctimas del amianto, tanto en unas cuantías que consideran insuficientes como por el trato fiscal y el número de afectados a los que van a llegar.

En rueda de prensa, el portavoz de las asociaciones de afectados por amianto de España, Jon García, ha denunciado que el reglamento -aprobado en junio pasado tras más de dos años de retraso-no va alcanzar a todas las víctimas y recoge unas indemnizaciones "insuficientes", inferiores a las que se reconocen en sede judicial.

"El Gobierno no respeta el espíritu de la ley", ha lamentado García, que ha recordado el largo proceso para poner en marcha las compensaciones de este fondo recogido en una ley aprobada en 2022 y que daba un plazo de tres meses para poner en marcha el reglamento. Un reglamento que vio la luz el pasado mes de junio con entrada en vigor tres meses después y con unas condiciones que, según víctimas y sindicatos, no permiten reparar el daño causado por este material.

Tardanza

"El reglamento llega tarde y es insuficiente", ha denunciado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que reclama, al igual que el líder de UGT, Pepe Álvarez, rehacer esta norma con una serie de cambios que permitan llegar a más víctimas y con mayores indemnizaciones. Según las asociaciones de víctimas, las ayudas podrían llegar solo "a unos cientos de afectados" dado que muchos han fallecido y que otras casuísticas, como el caso de familiares que estuvieron en contacto, quedan al albur de que haya dotaciones adicionales.

Las ayudas del fondo de compensación oscilan entre 32.000 y 96.000 euros, unas cantidades "insuficientes" que han llegado a triplicarse vía sentencia judicial, han explicado. Junto a esto, reclaman que queden exentas de tributación, algo que han conseguido en País Vasco y Navarra, lo que generará una discriminación territorial.

Mayores partidas

Los sindicatos han insistido en que exigirán al Gobierno que modifique esos aspectos del reglamento y presionarán también a los grupos parlamentarios para que se dote con mayores partidas este fondo, para el que inicialmente hay previstos 25 millones anuales, vía Presupuestos. "Que dejen de ser rácanos y usen impuestos para resarcir a estas personas", ha exigido Álvarez.

Las asociaciones ejemplifican que en Francia se han destinado más de 7.400 millones de euros a indemnizar a las víctimas de este material usado en la construcción y agente cancerígeno responsable de asbestosis o cáncer de pulmón.