La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha comprometido a priorizar la tramitación del reglamento del fondo para las víctimas de amianto, pendiente desde enero de 2023, para que se publique y entre en vigor.
En respuesta a una pregunta del diputado de EH Bildu Oskar Matute durante la sesión de control al Gobierno, Saiz explicó ayer que, tras someter el proyecto de real decreto a consulta pública, se están analizando las observaciones presentadas para cerrar el texto del reglamento y pedir informe al Consejo de Estado. “Estamos en la recta final”, añadió.
Elma Saiz recordó que el fondo cuenta con una dotación de 25 millones de euros y que la demora en el reglamento no perjudica el derecho a las indemnizaciones reconocido a las víctimas. “Mi compromiso es priorizar esta norma para que se publique y entre en vigor”, añadió.
Matute indicó que la dotación prevista para el fondo “va a resultar insuficiente” y pidió que la norma recoja las aportaciones de víctimas y sindicatos que solicitaron mayores indemnizaciones, en línea con las que tienen otras enfermedades, y que estén exentas de retención fiscal.
“Que se active la aprobación (del reglamento) y se dote con mas fondos”, exigió Matute, que recordó que en Francia se han pagado más de 6.000 millones en 20 años en compensaciones.
Este reglamento está pendiente de desarrollo desde enero de 2023 cuando se cumplió el plazo fijado en la ley, aprobada por unanimidad en el Senado en octubre de 2022, para que estuviera listo.
El fondo, tal y como quedó recogido en la ley, será gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y contará con consignaciones o transferencias que se determinen en los presupuestos, así como con otras aportaciones como, por ejemplo, de sanciones a empresas.
El amianto es un agente cancerígeno responsable de asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma, entre otras enfermedades mortales.
