La plantilla de la empresa de industria de sistemas de defensa Sapa Operaciones de Andoain ha iniciado este jueves una huelga indefinida en favor del convenio y que ha "paralizado totalmente la producción", según ELA. Liderada por la familia Aperribay, a la que también pertenece el presidente de la Real Sociedad, se trata de una empresa que agrupa a unas 140 personas trabajadores y que cuenta con la mayoría de la representación del sindicato ELA.
ELA denuncia que las "altas ganancias" obtenidas por Sapa no se traducen en mejoras laborales para la plantilla
En un comunicado, la central sindical ha explicado que la representación de los trabajadores lleva meses negociando un acuerdo "que mejore las condiciones laborales" de los trabajadores. Además, ha lamentado que, a pesar de "las altas ganancias obtenidas de la empresa y de su sólida situación económica", tras varias reuniones no se ha logrado ningún acuerdo.
PRODUCCIÓN DETENIDA
Ante esta situación, tras cuatro días de paros, este jueves los trabajadores de Sapa han comenzado con una huelga indefinida que ha "paralizado totalmente la producción".
La empresa guipuzcoana trabaja en el sector armamentístico con importantes clientes internacionales, entre ellos el ejército de Estados Unidos. De hecho, hace unos años Sapa instaló en el país norteamericano nuevas instalaciones especializadas en investigación y desarrollo.
Sapa también ha visto aceptado el proyecto que presentó al Perte VEC de vehículo eléctrico, que plantea aplicar la tecnología que ya ha diseñado para los vehículos militares al conjunto de la industria de la automoción para reducir la huella de carbono en el transporte.
El Ministerio de Industria ha incrementado un 30% la aportación inicial de los Perte VEC al proyecto presentado por Sapa
Esta iniciativa, denominada Sonnmesico, tendrá una asignación de 32,86 millones de euros por parte del Ministerio de Industria, responsable de destinar los fondos del Perte VEC. Esta cifra representa un incremento del 30% con respecto a la asignación inicial que había aprobado inicialmente.
Este proyecto tiene previsto movilizar alrededor de 200 millones de euros y crear más de 3.000 puestos de trabajo, de los que 900 serán directos, en Euskadi, Galicia, Cantabria, Aragón y Castilla La Mancha.
