La nueva Ley vasca reguladora del régimen de Subvenciones obligará a las empresas que deslocalicen su producción a devolver las ayudas públicas que hubieran recibido en los últimos ocho años, con intereses.
El Parlamento Vasco ha aprobado esta ley con el apoyo de PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin, mientras que el PP, Ciudadanos y Vox han votado en contra.
Luis Gordillo (PP) ha opinado que esta ley es ilegal porque va en contra de la libertad de empresa dentro de la Unión Europea.
En cambio, David Soto (Elkarrekin) ha dicho que una norma similar está vigente desde el 2007 en Bizkaia y se ha aplicado, y desde el 2020 en Navarra, sin que nadie haya dicho que es ilegal.
Al margen de este capítulo dedicado a la devolución de esas ayudas, la ley regula las subvenciones -Euskadi cuenta con diversa normativa sobre subvenciones-, pero se ha visto "desbordada" al complicarse su gestión por la importancia que han ido adquiriendo las ayudas públicas.
Azpiazu defiende la nueva ley
El consejero Pedro Azpiazu, ha defendido la nueva ley al explicar que trata de actualizar y reordenar la normativa actual en un texto único.
La ley establece que el Gobierno vasco no concederá subvenciones a las personas o entidades que hayan incumplido la Ley de Igualdad y las leyes de protección al medio ambiente mientras no satisfagan la sanción y no introduzcan medidas correctoras.
También estarán vetadas las empresas que deban tener un plan de igualdad y no lo hayan hecho, las compañías con más de 50 trabajadores que no hayan desplegado medidas contra el acoso sexual y aquellas que incumplen las medidas encaminadas a erradicar la morosidad al no pagar en plazo a sus proveedores.
