Nadia Calviño apura sus días como ministra de Asunto Económicos, pero sus desencuentros con la también vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, parece que siguen enquistados. Ayerse produjo una nueva discrepancia entre ambas, esta vez a cuenta del impuesto extraordinario al sector bancario, que la primera quiere “revisar”, algo con lo que no concuerda Díaz, que se reunió hoy en Bilbao con trabajadores de la empresa Mecaner.
Días después de que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, abriese la puerta a retocar el impuesto que grava los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas en un contexto de bajada de los precios de la electricidad y de la creciente oposición del sector, ayer Calviño aseguró, en una entrevista en Antena 3, que es momento de reconsiderar también el tributo similar a la banca. Para Calviño, que abandonará el Gobierno central para ocupar la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, es preciso comprobar “si hay que ajustar algunos de los parámetros en el nuevo escenario en el que ya no hay subidas tan rápidas de los tipos de interés y de los precios de la energía”.
El Gobierno central aprobó el impuesto extraordinario a la banca con el propósito de recaudar en los ejercicios alrededor de 3.000 millones con los que sufragar una batería de medidas para combatir los efectos de la inflación y de la subida de tipos de interés que ha acometido el Banco Central Europeo desde el verano del año pasado. Las patronales del sector bancario apostaron por recurrir por vía judicial un impuesto que grava con un 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que facturasen más de 800 millones, ingresos que que el Gobierno consideraba extraordinarios por el incremento del precio del dinero ordenado por el BCE.
Ahora, tras la decisión del BCE de mantener congelados los tipos de interés en el 4,5% y a escasos días de una nueva reunión de Calviño con las patronales bancarias para apremiarles a que remuneren mejor los depósitos, la decisión del Ejecutivo aparece como una vía para atemperar la tensión con las entidades.
El sector bancario español siempre ha manejado argumentos como que el impuesto atenta contra la competencia, ya que no afecta a todas las entidades, sino a aquellas cuyos intereses y comisiones sumaban al menos 800 millones de euros. La gran banca española -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- pagó más de 1.300 millones de euros este año por el nuevo impuesto. Pero a Yolanda Díaz no le convence la maniobra de Calviño, como tampoco la modificación del impuesto a las energéticas. La ministra de Trabajo destacó que en el pacto para la investidura de Pedro Sánchez “se dice de manera clara” que “en momentos de crisis de inflación sin precedentes los que más tienen más tienen que aportar”. En el actual contexto, cuando “los datos de beneficios antes de impuestos de las energéticas y de las entidades financieras son absolutamente contundentes, más que nunca deben aportar”, dijo Díaz. “No vamos a ser complacientes con ellos, y vamos a seguir defendiendo el mantenimiento del impuesto a las entidades financieras y por supuesto a las entidades energéticas”, añadió ayer la ministra.
