El de la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones es uno de los debates económicos que va a copar -lo está haciendo ya- la agenda pública en la próxima década. De momento, una de las medidas que parece ganar relevancia es elevar la edad de jubilación. Ayer se lo sugirió la OCDE al Gobierno central por boca de su economista jefe, Clare Lombardelli, que también aseguró que el Ejecutivo “tiene margen” para subir algunos impuestos como el IVA. De hecho, el organismo propuso ayer al Gobierno central un ajuste fiscal de 7.000 millones de euros, de los que 5.000 saldrían de la recaudación por IVA.

No obstante, el asunto de las pensiones es el más sensible por las implicaciones laborales y sociales que acarrea. Lombardelli asumió que aumentar la edad de jubilación en consonancia con la esperanza de vida es una decisión “difícil”, pero necesaria para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. En la presentación del ‘Estudio Económico de España 2023’, la OCDE reconoce que el Gobierno ha dado pasos en este campo en los últimos años gracias a las últimas reformas del sistema de prestaciones, pero que pueden ser insuficientes ante el “considerable aumento” en el gasto en pensiones que se espera para las siguientes décadas. La OCDE calcula que vincular la edad de jubilación legal a la esperanza de vida aportaría 1.500 millones a las arcas públicas, un 0,1% del PIB. Actualmente, la edad legal para jubilarse con la garantía de acceder al 100% de la pensión está en los 66 años y 4 meses. No obstante, en el supuesto de que el trabajador haya cotizado más de 37 años y 9 meses, la edad se sitúa en los 65 años. De cara al año 2027, la edad legal de jubilación alcanzará los 67 años, mientras que el requisito de cotización para un retiro a los 65 con la pensión íntegra estará en 38 años y seis meses.

Otros Impuestos

Sobre el IVA, la economista jefe de la OCDE apoyó un ajuste que suponga un incremento en la recaudación por este tributo dentro de un paquete más amplio que suponga la retirada progresiva del ‘escudo social’ activado el año pasado para combatir los altos niveles de inflación aún existentes. La OCDE considera que España debe acelerar el ritmo de reducción del déficit público, para lo cual propone también movilizar ingresos adicionales. Para la OCDE, eliminar algunos tipos reducidos del IVA supondría una recaudación extra de 5.000 millones de euros; aumentar los impuestos sobre el alcohol y el tabaco reportaría 1.300 millones; y subir los impuestos ecológicos, en particular sobre el carbono, unos 5.000 millones. En el caso del IVA, la OCDE estima que el impuesto está “infrautilizado”, ya que las exenciones y los tipos reducidos reducen mucho los ingresos. En este sentido, sostiene que los tipos reducidos del IVA “benefician desproporcionadamente a los hogares de mayores ingresos” y plantea que el Gobierno podría considerar avanzar hacia un tipo único y uniforme del impuesto a medio plazo ampliando gradualmente la base del IVA y compensando a los grupos de ingresos más bajos mediante un gasto específico para reducir las distorsiones. l

Previsiones

Crecimiento

La OCDE ha revisado dos décimas al alza su previsión de crecimiento para España en 2023, que estima en el 2,5%, aunque ha revisado a la baja cuatro décimas su pronóstico de cara a 2024, cuando anticipa una expansión del PIB del 1,5%.

Déficit

desequilibrio. El organismo prevé que el déficit público cerrará este año en el 3,8% del PIB para bajar al 3,5% el próximo año, mientras que la deuda llegará al 110% en 2024.