El recorte de los beneficios de las eléctricas llega al Congreso

El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre, recoge una batería de medidas dirigidas a frenar la histórica escalada de los precios energéticos en los últimos meses, a partir del alto coste del gas y de los derechos de emisión de CO2.

Ese día, el precio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzó un valor medio de 153,43 euros/MWh, apenas unos euros por debajo del récord alcanzado un día antes. Tres semanas después, la escalada alcanzó el jueves los 288,53 euros/MWh, 135 euros más.

El decreto está en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero tal y como marca la Constitución, en el plazo de un mes natural desde su aprobación debe someterse en el Congreso a su convalidación o, en caso de no contar con apoyos suficientes, será derogado. En todo caso, los grupos pueden solicitar su tramitación como proyecto de ley para plantear cambios a través de enmiendas.

Para sacarlo adelante, el Gobierno no precisará de mucha negociación, toda vez que los grupos de la izquierda de la Cámara han venido reclamando desde antes actuar contra la sobrerretribución que reciben las centrales de generación, con menores costes operativos y que, sin embargo, venden su electricidad acorde a la escalada del precio del gas y los derechos de emisión.

Así, a los 155 votos que suman PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno puede sumar, por lo menos, los votos de Esquerra Republicana, EH Bildu, Más-País Equo, CUP, Compromís, BNG y Nueva Canarias. Un total por encima de la mayoría absoluta, sin descartar todavía el apoyo de Junts, el PRC o Teruel Existe.

En total, una mayoría que previsiblemente superaría los 180 votos, frente al rechazo del PP, Vox, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. Desde el PNV, socio prioritario del Gobierno, prefieren no adelantar posición al respecto, al igual que en el PDeCAT.

Unos apoyos que, por otra parte, el Gobierno espera consolidar en otras dos votaciones del Congreso del mismo jueves. Y es que, además del debate de convalidación del citado decreto ley, el Congreso celebra el debate de totalidad de otra de las reformas del Ejecutivo, otro recorte de beneficios extraordinarios de las eléctricas.

En este caso, el generado por los derechos de emisión de CO2 no emitidos, y cuyo coste no asumido repercute en sus precios centrales como las nucleares o las hidroeléctricas. Se trata de un proyecto de ley aún no en vigor que el Gobierno impulsó a principios de año y que llegó a la Cámara el pasado verano. Este jueves se enfrenta a su primeras votaciones, ya que el PP y Vox buscan tumbarlo con sendas enmiendas a la totalidad.

En cualquier caso, la ministra Teresa Ribera se abre a modificar el decreto y la UE se abre a medidas. Ribera ha abierto la puerta a introducir modificaciones en las medidas adoptadas hasta ahora, en línea con las que espera que plantee la Comisión Europea para enfrentar la escalada en el precio de la electricidad, ya que apuesta por “una solución de ámbito europeo”.

En una entrevista con Reuters, señaló que, en caso de que la Unión Europea plantee medidas, está dispuesta a adoptarlas y descartar las tomadas en el ámbito estatal. Es más, hace apenas unos días España firmó una declaración junto con Francia, Grecia, Rumanía y República Checa en la que reclaman una respuesta europea que contemple, entre otras medidas, la reforma del mercado mayorista.

Por otro lado, Ribera ha iniciado una ronda de contactos con las empresas eléctricas, la industria y los consumidores, alimentando los rumores de una posible modificación o incluso suspensión del decreto. Por su parte, desde su departamento descartan que el decreto corra ningún riesgo.

El recorte de los denominados beneficios caídos del cielo es una medida temporal, hasta marzo de 2022, que solo tendrá en cuenta los beneficios por encima de los 20 euros/MWh -que es el precio medio del gas en los últimos años- y solo se detraerá el 90% de los ingresos extraordinarios.

En estos seis meses, el sistema calculará cuál es el importe que el resto de energías más baratas asumen de la energía más cara, es decir, del gas, y las compañías eléctricas lo tendrán que devolver a un fondo gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo encargado de trasladar este recurso financiero adicional a la factura de la luz para reducir cargos. -

El Pleno se celebra el jueves y grupos como el PNV o PDeCAT todavía no han revelado cual será su posicionamiento

La ministra Teresa Ribera ha abierto la puerta a introducir medidas en el decreto en función de lo que haga la Unión Europea