La Audiencia de Gipuzkoa ha condenado al Banco Santander a reintegrar 338.137 euros a una donostiarra que invirtió en obligaciones subordinadas del Banco Popular, al considerar "defectuosa" la información que le fue suministrada por la entidad bancaria.

Según informa el bufete Vallverdú Abogados en una nota de prensa, la Audiencia guipuzcoana ratifica de esta manera una sentencia previa que consideraba que el Popular (luego adquirido por el Santander) incumplió su obligación de facilitar toda la información necesaria a la perjudicada.

El bufete recuerda en su comunicado que se trataba de una cliente "minorista, no profesional, carente de conocimientos financieros específicos", y a quien la Ley del Mercado de Valores "otorga la máxima protección".