- El problema de la estiba en los puertos del Estado español sigue sin resolverse y una sentencia judicial que defiende la liberalización de las labores empresariales de carga y descarga puede generar un nuevo conflicto en los muelles.
La Audiencia Nacional ha anulado parte del convenio colectivo del sector firmado por Anesco con los sindicatos, en concreto del IV Acuerdo Marco de la estiba, principalmente la disposición que preveía la subrogación forzosa de todos los trabajadores que formaban parte del sector antes de su liberalización. La sentencia considera que esta disposición ocasiona “un grave perjuicio económico” a las empresas.
La sala de lo Social estima la demanda de la otra patronal, Asoport, y considera que esta subrogación es inconstitucional, ya que obliga a las compañías a hacerse cargo de un número determinado de trabajadores “por el mero hecho de haber sido obligadas a participar en una sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios (sagep)”.
En opinión de la sala, ello ocasiona a las empresas “un grave perjuicio económico -equivalente al sobrecoste laboral del mantenimiento de los contratos y las condiciones de trabajo- y una clara desventaja competitiva respecto de nuevos operadores que no asuman ninguna actividad ni formaban parte de la sagep”.
Desde el año 1986, la estiba ha gozado de un régimen especial por el que se obligaba a las empresas de estibadores a ser accionistas de la sagep y a contratar prioritaria y exclusivamente a los trabajadores vinculados a las mismas.
