La inversión del Estado en universidades públicas está por debajo del promedio internacional y también el gasto por estudiante, que es más bajo que la media de los países de la OCDE, y que en Euskadi es el tercero más alto de todas las autonomías, con 9.065 euros al año.
Según el informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) sobre el sistema universitario en 2024, el gasto total por estudiante en el Estado ronda los 16.000 euros, un 19,5 % inferior a la media de la OCDE (19.800 euros) y un 14,5 % inferior a la de la UE (18.600 euros).
El reto es aumentar la inversión hasta cerca de los 22.000 millones en 2030, el 1 % del PIB tal como mandata la ley de Universidades (LOSU).
Sin embargo, la financiación de las universidades públicas proviene de las comunidades autónomas, que son las encargadas de realizar las transferencias y según datos de CYD, en 2022 esta financiación supuso el 82 % de sus recursos.
La mayoría de las universidades considera insuficientes estas inversiones, sobre todo las seis públicas de Madrid que denuncian una "asfixia financiera" que las ha llevado a las puertas de una huelga.
La Rioja y Euskadi, en cabeza
Según el análisis de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, el promedio de transferencias recibidas por alumno en las universidades públicas presenciales fue de 6.671 euros en el curso académico 2022-2023.
La Rioja (9.689 euros), Nafarroa (9.210 euros) y Euskadi (9.065 euros) fueron las que más invirtieron por alumno, mientras que Murcia (6.267 euros), Catalunya (5.599 euros) y Madrid (5.362 euros), las que menos.
En el gasto corriente por alumno también destacaron La Rioja (10.905 euros), Euskadi (8.976 euros) y Cantabria (8.968 euros) como las que más recursos destinan, frente a Baleares (6.832 euros), Castilla-La Mancha (6.925 euros) y Madrid (6.929 euros) que menos inversión hacen por alumno.
Madrid y Catalunya, los precios más elevados
Las recaudaciones más elevadas por los precios públicos que los alumnos abonaron por sus matrículas en el año 2022 se registraron en las universidades públicas de Madrid (1.620 euros), Catalunya (1.508 euros) y Aragón (1.302 euros); mientras que las menores se dieron en Andalucía (815 euros), Canarias (776 euros) y Galicia (738 euros).
En la Universidad Carlos III de Madrid la matrícula supuso 2.294 euros en 2022 y en la Universidad de Barcelona 1.936 euros; en las universidades de A Coruña, Vigo (Pontevedra) o Jaén no llegan a los 800 euros.
Entre las 10 universidades con mayores recaudaciones por precios públicos por matriculado aparecen cinco de Madrid (Carlos III, Complutense, Autónoma, Politécnica y Alcalá) y cuatro catalanas (Autónoma de Barcelona, Politécnica de Catalunya, la de Barcelona y la de Lleida), además de la Universidad de Zaragoza.
En el lado opuesto, entre las 10 universidades con menores ratios, están las tres gallegas, las dos canarias y el resto son universidades andaluzas.
3.800 euros por grado
El precio medio del crédito matriculado en primera matrícula en grado en las universidades públicas españolas fue en el curso 2023-2024 de 15,49 euros, lo que implicaría que el precio total de una carrera de cuatros cursos (240 créditos) ascendería a 3.717,6 euros de media (929,4 euros por curso, todo superado a la primera).
No obstante, un grado de cuatro cursos en Nafarroa sin repetir asignatura costaría 4.629,6 euros (1.157,4 euros anuales) frente a 2.808 euros en Galicia (702 euros por curso).
Llegar al 1 % del PIB en 2030
A pocos días de que las seis universidades públicas madrileñas inicien una huelga por la escasa financiación, el Gobierno español ha reactivado la Comisión de Trabajo abierta en noviembre de 2024 entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y los estudiantes y sindicatos.
El objetivo es establecer un calendario para aumentar la inversión pública al 1 % en el año 2030.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha anunciado que no participará en estas reuniones y en la última, celebrada la semana pasada, también se ausentó la consejería extremeña.
La coordinadora del informe de CYD Montse Álvarez incide en que "el reto en la financiación de la educación universitaria en España no radica únicamente en el hecho de que los niveles de inversión sean bajos comparados con la media de la UE o la OCDE, sino en orientar la inversión pública hacia objetivos estratégicos que impulsen la calidad y la eficiencia". En su opinión, el incremento de la inversión debe ir centrado en el uso estratégico de los recursos y en la rendición de cuentas en base a resultados.
