El Gobierno vasco mantiene sus previsiones de crecimiento del PIB de Euskadi para 2021 en el 6,7 % y del 5,7% para 2022, año en el que el Ejecutivo espera recuperar los valores económicos previos a la pandemia. Con los datos macroeconómicos que resulten del segundo trimestre, el Gobierno vasco fijará el cuadro con el que elaborar los próximos presupuestos vascos. En una entrevista en Onda Vasca-Grupo Noticias, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, avanza que en el Consejo de Gobierno de la próxima semana, se aprobarán las directrices presupuestarias par las cuentas del año 2022.
En un contexto de crecimiento económico, el consejero cree que a la recuperación ayudarán los fondos europeos, pero también las previsiones económicas positivas para todo Europa. Vaticina que podrían llegar a Euskadi entre 6.000 y 6.500 millones de los fondos europeos para financiar los proyectos estratégicos que el Gobierno vasco ha incluido en Next Generation. Sin embargo, calcula que el montante total de estos proyectos estratégicos aglutinados por Lakua, ascenderá a 18.000 millones que serán financiados no solo por los fondos europeos, sino también por empresas y administraciones públicas que tienen posibilidad de endeudarse.
Sobre la reforma fiscal, Azpiazu dice que es tiempo de abrir un debate sobre un posible cambio en las políticas fiscales. Recuerda que en 2023 Europa volverá a exigir austeridad, y que cuando "la covid desaparezca será necesario reforzar Salud, Educación y Políticas de Protección Social y debemos decidir cómo hacerlo posible cómo conseguir recursos". Además, Azpiazu destaca que también hay que estudiar las tendencias mundiales que se decantan por aumentar las cargas fiscales.
IMV
Azpiazu explica que las enmienda al proyecto de ley que regulará el Ingreso Mínimo Vital pretenden corregir las "invasiones competenciales. El consejero recuerda al Gobierno de Sánchez que el compromiso de transferir la prestación se remonta a octubre, y le insta a cumplir su palabra. "Los compromisos políticos son para cumplirlos", afirma Azpiazu quien también recuerda que la transferencia de la gestión de la Seguridad Social es un compromiso recogido en el Estatuto de Gernika.
"Parece que Escrivá es el principal escollo. Al ministro le diría que ponga facilidades porque tiene un compromiso político, y el sentido común dice que el sistema de políticas sociales se debe gestionar de forma coherente", sentencia Azpiazu.
