levaba tiempo cociéndose y finalmente estalló en 2020: el Gobierno de Estados Unidos demandó por prácticas anticompetitivas a Google y Facebook, abriendo dos litigios de lo más mediáticos y que previsiblemente durarán años. Es el síntoma del fin de una era: la de la barra libre para las grandes tecnológicas.

Google, Amazon, Apple y Facebook llegaron a marzo siendo gigantes y la pandemia los convirtió en titanes. Estas empresas se han reforzado gracias al avance del trabajo remoto y las restricciones a la movilidad, y tanto su tamaño como su poder sobre el mercado inquietan cada vez más a los reguladores en todo el mundo.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, es la persona más rica del mundo, según Forbes, y su fortuna se ha disparado todavía más con el COVID-19, igual que lo han hecho las de Mark Zuckerberg (Facebook), Larry Page y Sergey Brin (Google).

Aunque hasta la fecha no habían sido inmunes a este tipo de demandas, que por ejemplo se han sucedido en la última década en la UE, que ahora sea el Gobierno de EEUU, país en que todas ellas tienen la sede, el que haya lanzado el desafío podría tener implicaciones mayúsculas.

La primera de ellas y la que más morbo genera, tanto dentro como fuera de la industria, es que se les obligue a dividirse, como en los históricos casos de las industrias petrolera y telefónica, algo que, sin embargo, todos los expertos consultados por Efe coinciden en que es altamente improbable.

"Sería como deshacer un revuelto de huevos", bromea Mark McCareins, profesor de Derecho Empresarial en la Escuela Kellogg de la Universidad Northwestern. Su colega Shubha Ghosh, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Syracuse, prefiere compararlo con un divorcio "muy, muy enrevesado".

Cuantiosas multas al estilo de la UE y la prohibición de las prácticas que el Gobierno considera anticompetitivas parecen, por tanto, resoluciones mucho más viables, pero primero habrá que demostrar que efectivamente las empresas han abusado ilegalmente de su dominio en el mercado y estas, a su vez, se esforzarán por probar lo contrario.

El caso de Google es de los cuatro el que peor pinta para la empresa. Ya hay una demanda presentada formalmente por parte del Departamento de Justicia de EEUU, y además la compañía acumula miles de millones en multas antimonopolio por parte de la UE y Turquía.

"Ahora mismo no pinta bien para Google. Pagar miles de millones anuales a Apple para tener exclusividad... A mí no me queda claro cómo eso puede ser valioso para Google si no es para impedir que otros motores de búsqueda se abran hueco en el mercado", explica Rebecca Haw Allensworth, profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad Vanderbilt.

Allensworth se refiere a uno de los principales contenciosos en la demanda del Gobierno: el pago de cuantiosas sumas por parte de Google a fabricantes -especialmente a Apple- para que su buscador aparezca como la opción por defecto en dispositivos como el iPhone, en detrimento de sus competidores Bing, Yahoo y DuckDuckGo.

Que Google paga estas cuantías no lo niega ni la propia empresa, con lo que la discusión se centrará en si esta práctica resulta necesaria para mejorar la calidad de su producto y forma parte de una estrategia comercial legítima -algo permitido por la ley- o si su único fin es expulsar a la competencia.

"Tenemos muchos años de precedentes resueltos por el Tribunal Supremo sobre qué significa excluyente. Lo que puede resultar sorprendente es que incluso los monopolistas tienen libertad para competir de forma agresiva y vigorosa. Si tienen una razón empresarial legítima para cerrar acuerdos con terceros que dañan a la competencia, esto no es ilegal en sí mismo", matiza McCareins.

En la filosofía subyacente a las leyes antimonopolio, el bienestar del consumidor resulta un concepto clave. Los monopolios fijan condiciones, suben precios y perjudican al consumidor. La competencia, por tanto, es la mejor garantía para proteger los intereses del público.

El problema con varias de las tecnológicas, especialmente Google y Facebook, es que ofrecen servicios sin coste monetario para el consumidor, y resulta difícil argumentar que su dominio abrumador del mercado (Google concentra más del 90% de las búsquedas de Internet en el mundo, Facebook e Instagram -de su propiedad- reinan en las redes sociales) daña al usuario.

Para el profesor Ghosh, casos como estos requieren de un cambio de perspectiva a la hora de definir qué significa "bienestar del consumidor" para incluir, además del precio, conceptos como la privacidad o la protección de datos, que suponen unos costos que, a su juicio, Google aplica sobre los usuarios gracias a la falta de alternativas.

Allensworth tiene el mismo punto de vista y apunta que las empresas extraen valor de los consumidores de muchas maneras, no solo mediante pagos monetarios, y en este caso resulta evidente que la moneda de cambio es la atención y los datos de los internautas.

La segunda gran campanada del año se dio a principios de diciembre, cuando la Comisión Federal del Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) y los fiscales generales de 46 estados y dos territorios de EEUU presentaron sendas querellas contra Facebook.

Ambas demandas se centran en las adquisiciones por parte de la red social de los competidores Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014, operaciones que, paradójicamente, fueron aprobadas en su momento por la propia FTC, el mismo ente que ahora se querella contra Facebook.

Esta aparente contradicción es algo que el propio Mark Zuckerberg saca a relucir siempre que tiene ocasión, incluso cuando declara ante el Congreso.

Para McCareins, es "particularmente problemático que una adquisición que fue abiertamente aprobada pueda ser puesta en jaque años después, porque el acuerdo tuvo efectos anticompetitivos no deseados según el Gobierno".

Aun así, la FTC puede alegar que las circunstancias han cambiado, que apenas han aparecido nuevos competidores relevantes en las redes sociales desde entonces (con la salvedad de TikTok) y que Facebook ha crecido demasiado.

Como McCareins, Ghosh tampoco es partidario de esta opción, que considera que crearía más problemas de los que resolvería: "¿Regresamos al mundo que teníamos en 2012 para reconstruir lo que entonces eran Instagram y Facebook como compañías? ¿Regresamos exactamente a ese status quo? Eso es imposible".

No es arbitrario que, pese a que todas llevan tiempo con investigaciones abiertas en su contra, Google fuese la primera compañía demandada por prácticas anticompetitivas en EEUU: es para la que resulta más fácil definir el mercado y, en consecuencia, es más sencillo demostrar que es monopolista, algo en lo que la querella del Gobierno pone gran parte de los esfuerzos.

En Facebook ya resulta más complicado alegar poder de monopolio, y en Amazon y Apple hay que retorcer mucho el argumentario. Si el mercado de Amazon es el comercio online, la empresa es una gran competidora, pero no un monopolio (ahí están Walmart, Target y miles de otras empresas). Y Apple no tiene poder monopolístico en ninguno de los mercados de hardware en que opera (teléfonos, tabletas, ordenadores, etc). Los casos contra esas dos empresas se basarían en su poder como mercados dentro del mercado, es decir, en la fuerza que tienen como plataformas.

Amazon no solo vende productos online, sino que posee un portal en el que también venden terceros, lo que le convierte en jefe del mercado y tendero a la vez, dándole una ventaja significativa respecto al resto de vendedores.

Si además, como apuntó una investigación del diario Wall Street Journal este año, la firma de Jeff Bezos usa la información de la que dispone como amo del mercado para crear o mejorar sus propios productos y perjudicar a los del resto de tenderos, ahí sí que tiene el Gobierno estadounidense un caso claro contra Amazon. Algo similar ocurre con la tienda virtual App Store, controlada por Apple y que fija condiciones y comisiones a su discreción, lo que le ha valido una revuelta por parte de desarrolladores como Epic Games (Fortnite), Match (Tinder) y Spotify contra la tasa del 30% que les cobra la compañía de la ma nzana mordida.

En esencia, todos estos casos comparten unas características básicas: son empresas de creación relativamente reciente, que han crecido exponencialmente gracias a efectos de red (como más gente las usaba, más se aceleraba su crecimiento) y que, en líneas generales, gustan mucho a los consumidores. Por ello, cualquier caso antimonopolio con posibilidades de éxito deberá centrarse en hallar malos comportamientos dirigidos a eliminar competidores, en lugar de simplemente alegar que las compañías son demasiado grandes. De lo contrario, como reconoce Allensworth, "existe la preocupación de que se castigue a la gente por crear productos buenos y muy exitosos".