- ELA y LAB, sindicatos que ostentan la representación mayoritaria de la CAV, han coincidido en pronunciarse en contra del documento de recomendaciones del Pacto de Toledo porque, según advierten, lleva implícito una próxima reforma de las pensiones que implicará más recortes.

El pasado jueves Garbiñe Aranburu y ayer Mitxel Lakuntza ofrecieron la lectura de las centrales sindicales que dirigen acerca de las 20 recomendaciones recogidas en el Pacto de Toledo para mostrarse críticos con la mayor parte de ellas, con la ausencia de referencias a la eliminación de las reformas de 2011 y 2013 como punto más subrayable por el endurecimiento de las condiciones que representaron.

A juicio de ambos sindicatos, la inexistencia de alusiones a estas reformas, que según ELA también se puede deber al interés por omitir asuntos que no lograrían un consenso, da a entender las intenciones de proseguir con el camino emprendido en 2011 y reafirmado en 2013 de endurecer los requisitos para acceder a las pensiones y que estas sean más reducidas. En consecuencia, “más recortes”.

En este sentido, el dirigente de ELA hizo referencia a los fondos europeos de recuperación para advertir de que su aceptación implica “la obligatoriedad de acometer reformas” que afectarán de manera negativa a las pensiones.

Junto con esta “preocupación” común y una lectura negativa del documento que recoge las 20 recomendaciones del Pacto de Toledo como denominadores comunes, tanto ELA como LAB ponen el acento en cuestiones diferentes que, según concluyen, no garantizan la sostenibilidad de un sistema público de pensiones.

Mitxel Lakuntza apuntó ayer a la “inconcreción” que se detecta en todo el documento y que, según lamentó, responde a una razón “deliberada” para eludir el compromiso de mejorar el sistema. Pero llegó más allá al afirmar que “lo que preocupa es lo que se concreta” y en esta línea citó el fomento de la prolongación de la vida laboral y los recortes en las pensiones de viudedad.

Respecto a que la referencia para revalorizar las pensiones sea el IPC, que los propios movimientos de pensionistas vascos valoraron, ELA avisó de que la redacción de este punto “queda abierta de manera intencionada” y evitó contabilizarlo como un logro.

LAB, en cambio, sí considera positivo que el Pacto de Toledo recomiende como índice el IPC aunque, en la línea de la lectura de ELA, incide en que “siempre y cuando quede claro que se va a garantizar legalmente”, expresando de esta manera sus dudas.

Este sindicato pone el acento en la brecha que existe entre hombres y mujeres también en materia de pensiones y critica que el Pacto de Toledo no haya tenido en cuenta medidas para eliminarla.

Del mismo modo, recuerda que entre las recomendaciones se alude a otros sistemas no públicos de pensiones, con lo que “se abre la puerta a potenciar los planes privados de pensiones de empleo” cuando en este sindicato “no compartimos esa visión”.

Tanto el sindicato de Lakuntza como el de Aranburu abogan por mantener las movilizaciones sociales como fórmula para evitar futuros recortes en las pensiones y cuestionan la decisión de que algunas medidas se adopten en la Mesa de Diálogo Social. LAB añade su reivindicación de un sistema propio de pensiones públicas en Euskadi.